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title: "Alejandro Carranza abordó el derecho a comprender y la adecuación comunicacional en la III Convención de Lenguaje Claro"
article_type: "Article"
description: "El director de abogar.info y secretario de JUSCOM participó de la Mesa 1.7 de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, realizada en La Plata. Su exposición puso el foco en la relación entre lenguaje, cultura y acceso efectivo a la justicia."
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date_published: "2026-10-06T13:06:00-03:00"
date_modified: "2026-10-06T13:14:55-03:00"
tags:
  - "Alejandro Carranza"
  - "III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje"
  - "JusCom"
  - "La Plata"
  - "lenguaje claro y accesible"
  - "RAE"
  - "SCBA"
author_name: "Redacción"
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# Alejandro Carranza abordó el derecho a comprender y la adecuación comunicacional en la III Convención de Lenguaje Claro

La Plata fue escenario de la **III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible**, que reunió los días 1 y 2 de octubre a representantes de instituciones judiciales, academias de la lengua, universidades, organismos públicos y organizaciones vinculadas con la comunicación jurídica de distintos países iberoamericanos. El encuentro tuvo como eje el diálogo sobre lenguaje claro, accesibilidad e inteligencia artificial.

En ese marco, **Alejandro Carranza, director de abogar.info y secretario de la Asociación Iberoamericana de Profesionales de la Comunicación Judicial (JUSCOM)**, participó de la **Mesa 1.7, “Comunicar justicia: accesibilidad, oralidad y nuevas formas de comunicación judicial”**, realizada en el Auditorio del Colegio de la Abogacía.

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La mesa fue coordinada por **Kevin Lehmann**, presidente de JUSCOM, quien abrió el panel con una presentación sobre la profesionalización de las áreas de comunicación y la medición del conocimiento del lenguaje no técnico. También participaron Alejandro Gabriel Azzimonti Renzo y Jimena Estatuet, del Poder Judicial de la Nación; Sebastián Andrés Fornasari; María Ortiz Takacs, de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales; y Luciano Videla, director de Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

### Del lenguaje claro al derecho a comprender

Carranza presentó el trabajo **“Lenguaje claro, cultura y adecuación comunicacional”**, a partir de una preocupación que atraviesa su trabajo sobre comunicación jurídica: **una comunicación puede ser clara desde el punto de vista lingüístico y, sin embargo, no resultar comprensible para quien la recibe**.

La cuestión supone ampliar la mirada sobre el lenguaje claro. No se trata únicamente de eliminar tecnicismos o simplificar la redacción de documentos jurídicos, sino de preguntarse si la información permite efectivamente a una persona comprender qué está ocurriendo, cuáles son sus alternativas, qué consecuencias puede tener cada decisión y qué debe hacer.

Desde esta perspectiva, el **derecho a comprender** aparece como una dimensión concreta del acceso a la justicia.

### La primera línea de la abogacía

Uno de los planteos centrales de la exposición fue que el acceso a la justicia **no comienza necesariamente cuando una persona llega a un tribunal**.

En numerosos casos comienza antes: cuando consulta a una abogada o un abogado, concurre a un Consultorio Jurídico Gratuito o recibe patrocinio a través de un sistema de Turnos de Oficio.

Estos espacios constituyen una primera instancia de contacto entre la ciudadanía y el sistema jurídico. Por eso, la comunicación profesional no puede ser considerada solamente un instrumento auxiliar del ejercicio de la abogacía: también forma parte de las condiciones que hacen posible el acceso efectivo a los derechos.

La cuestión adquiere una dimensión institucional adicional cuando se considera el papel que cumplen los colegios profesionales de la abogacía en distintos países iberoamericanos, a partir de funciones de regulación profesional y de responsabilidades vinculadas con el acceso a la justicia.

### Cuando hablar español no alcanza

Otro de los aspectos desarrollados fue la situación de las **personas migrantes**.

Carranza planteó que conocer el idioma no significa necesariamente comprender el funcionamiento del sistema jurídico. Una persona puede hablar español y, al mismo tiempo, desconocer las instituciones, las competencias de los organismos, los procedimientos, los plazos o el significado concreto de determinadas expresiones jurídicas.

De allí la necesidad de distinguir entre **barreras lingüísticas, culturales e institucionales**.

La adecuación comunicacional, en consecuencia, no consiste solamente en traducir palabras. También supone explicar cómo funciona el sistema: qué organismo interviene, qué trámite corresponde, qué documentación se necesita, cuáles son las alternativas y qué consecuencias puede producir una determinada decisión.

### Una herramienta para la práctica profesional

En este contexto se inscribió la propuesta de la **Matriz de Adecuación Comunicacional para la Asistencia Jurídica (MACAJ)**, concebida como una herramienta de diagnóstico y mejora de las prácticas profesionales.

La propuesta contempla cinco dimensiones: **comprensibilidad, adecuación, accesibilidad, información operativa y autonomía**.

El objetivo es desplazar la pregunta desde el emisor hacia el destinatario. No alcanza con preguntarse si la abogada o el abogado explicó correctamente el contenido jurídico. También resulta necesario determinar **qué pudo comprender la persona y qué puede hacer con esa información**.

La MACAJ propone así una forma de autoevaluación de la entrevista jurídica y de las prácticas de asistencia: comprobar si la persona puede explicar con sus propias palabras qué ocurre, cuáles son las alternativas disponibles, qué consecuencias pueden derivarse y cuáles son los próximos pasos.

### Una responsabilidad que excede la redacción

La intervención de Carranza se vinculó de este modo con uno de los debates centrales de la Convención: la necesidad de comprender el lenguaje claro no como una cuestión meramente estilística, sino como una **política de acceso a derechos y de calidad institucional**.

Desde esta perspectiva, la responsabilidad de claridad no debería limitarse a las sentencias, leyes, resoluciones o comunicaciones producidas directamente por los órganos estatales. También alcanza los espacios profesionales e institucionales que intervienen en la garantía del acceso a la justicia.

El desafío, en definitiva, consiste en que la precisión jurídica y la claridad comunicacional dejen de ser consideradas objetivos contrapuestos.

**Porque una persona no accede plenamente a un derecho si no puede comprender aquello que el sistema jurídico le comunica.**

La III Convención de la Red Panhispánica permitió situar esta discusión dentro de una agenda iberoamericana más amplia, junto con cuestiones como la accesibilidad cognitiva, la oralidad, la comunicación pública, la formación profesional y los desafíos que plantea la inteligencia artificial para una justicia más comprensible y accesible.

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