| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
Alejandro CarranzaLa abogacía con matrícula federal eligió el 20 de octubre a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2030. Con las 166 mesas computadas en el escrutinio provisorio difundido por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), la elección dejó en primer lugar a Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto Biglieri, y definió una distribución de bancas entre tres de las cuatro listas participantes.
De acuerdo con los resultados publicados, la Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, reunió 11.237 votos, equivalentes al 34% de los sufragios afirmativos. En segundo lugar se ubicó la Lista 4, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, encabezada por Itatí Demarchi Arballo, con 10.593 votos (32%). La Lista 1, Abogacía Federal, liderada por Fernando Levene, obtuvo 8.737 votos (26,4%), mientras que la Lista 2, Abogacía por la Libertad, encabezada por Luis Alberto Palomino, alcanzó 2.506 votos (7,6%). La diferencia entre las dos primeras nóminas fue de 644 sufragios. Resultados electorales
La aplicación del sistema proporcional D'Hondt determina la distribución de los cuatro lugares: dos para la lista encabezada por Biglieri y uno para cada una de las nóminas de Demarchi Arballo y Levene. La lista de Palomino quedó sin representación en esta distribución. La proclamación formal corresponde a las autoridades electorales competentes, conforme al procedimiento previsto para el escrutinio definitivo.
El resultado refleja la coexistencia de diferentes construcciones profesionales e institucionales. Las listas articularon referentes de colegios de abogados, agrupaciones de la matrícula y dirigentes con distintas vinculaciones políticas. Esa diversidad forma parte del escenario en el que se desarrolla la representación profesional, aunque no debería agotar la lectura de una elección cuya finalidad institucional trasciende las afinidades de sus protagonistas.
La competencia electoral puso de manifiesto, una vez más, que la representación de los abogados ante el Consejo de la Magistratura constituye un espacio de convergencia entre la vida colegial y las discusiones públicas sobre la Justicia. Sin embargo, el mandato que surge de las urnas tiene una naturaleza específica: representar al estamento de la abogacía en un organismo central para el funcionamiento del Poder Judicial.
En ese sentido, la responsabilidad de los consejeros no se limita a defender las posiciones de quienes integraron o respaldaron sus respectivas listas. Su actuación deberá contemplar las necesidades del conjunto de los profesionales, con independencia de las preferencias expresadas en las urnas.
El Consejo de la Magistratura de la Nación interviene en los procedimientos de selección de magistrados federales, ejerce atribuciones disciplinarias y participa en los mecanismos institucionales vinculados con la administración de la Justicia. La representación de la abogacía en ese organismo no constituye, por lo tanto, un espacio meramente sectorial: forma parte de la arquitectura institucional destinada a contribuir a la idoneidad y legitimidad de quienes ejercen la magistratura.
La nueva integración tendrá por delante cuestiones que afectan tanto a la calidad del sistema judicial como al ejercicio cotidiano de la profesión. Entre ellas se encuentran la transparencia de los concursos, la evaluación de los antecedentes y la idoneidad de los aspirantes, la previsibilidad de los procedimientos y la necesidad de que las decisiones institucionales respondan a criterios verificables.
Para la matrícula, también será relevante que sus representantes mantengan canales de comunicación con los colegios y las organizaciones profesionales de las distintas jurisdicciones. La circulación de información, la rendición de cuentas y la explicación pública de las posiciones adoptadas en el Consejo pueden contribuir a fortalecer la confianza en una representación que se ejerce en nombre de un colectivo diverso.
La distribución de los lugares también plantea una cuestión relevante: la articulación entre la representación profesional y la diversidad territorial del país. El reglamento electoral contempla condiciones específicas para la integración del estamento, entre ellas requisitos vinculados con la procedencia de los representantes y la participación de mujeres. Esas previsiones procuran que la composición no quede reducida a una expresión exclusivamente metropolitana ni desconozca la pluralidad de la abogacía federal.
El desafío no termina con la integración formal. El federalismo debe expresarse también en la agenda de trabajo, en la escucha de las distintas jurisdicciones y en la consideración de las dificultades que atraviesan los profesionales que litigan en contextos institucionales diferentes.
Los problemas de infraestructura judicial, los tiempos procesales, las condiciones de acceso a los tribunales y las particularidades de la práctica profesional no son idénticos en todo el territorio. Una representación efectiva requiere reconocer esas diferencias y traducirlas en iniciativas concretas dentro de las competencias del organismo.
La elección concluyó una etapa de competencia entre agrupaciones, pero abre otra en la que los resultados deberán traducirse en trabajo institucional. La legitimidad electoral constituye el punto de partida de la representación; su consolidación dependerá, en buena medida, de la calidad de las decisiones, la independencia de criterio y la capacidad de sostener una agenda que contemple al conjunto de la profesión.
Para los colegios y las entidades que integran la comunidad jurídica, el período 2026-2030 será una oportunidad para seguir promoviendo procedimientos de selección transparentes, criterios objetivos de evaluación y una Justicia que ofrezca garantías de imparcialidad y calidad institucional.
La abogacía tiene intereses profesionales legítimos que defender, pero también una responsabilidad pública asociada a su participación en el sistema de administración de Justicia. En el Consejo de la Magistratura, esa doble dimensión exige que las diferencias surgidas durante la elección no se conviertan en obstáculos para la construcción de acuerdos institucionales.
El resultado electoral ofrece una representación plural y una distribución definida de las bancas. El desafío central será que esa diversidad se traduzca en una actuación responsable, con vocación de diálogo y compromiso con la independencia judicial. En última instancia, la medida del mandato no estará dada únicamente por los votos obtenidos, sino por la capacidad de contribuir a una Justicia más transparente, idónea y confiable.
