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Alberdi, la profesión y los desafíos de un tiempo de cambios

La polémica por la conducta del juez civil Carlos Goggi vuelve a poner en el centro del debate la defensa de la dignidad profesional de los abogados y la vigencia de la Ley de Honorarios (27.423). Las entidades de la abogacía remarcan que no está en discusión la independencia judicial, sino la obligación de respetar la ley y los precedentes.

Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.

El tribunal interamericano afirmó que el cuidado constituye un derecho humano autónomo, con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Los Estados deben garantizarlo de manera progresiva y con enfoque de igualdad.

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.

Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.

El COLPROBA publicó en su sitio web una jurisprudencia clave para mediadores en un caso donde se pretendió eludir la mediación provincial acudiendo a la justicia nacional.

Un fallo reafirma que el régimen de cuidado personal compartido con modalidad alternada no implica automáticamente la supresión de la cuota alimentaria. La cuota alimentaria no es una penalidad, sino un derecho de los hijos y una expresión concreta de la corresponsabilidad parental.

La entidad presidida por Ricardo Gil Lavedra salió al cruce de un nuevo embiste contra la abogacía laboralista

El documento caracteriza el fenómeno criminal, identifica sus formas de desarrollo en la Argentina y fija nueve ejes estratégicos para combatirlo, con el objeto de optimizar recursos con un enfoque pragmático.

La UIBA defiende la colegiación legal como garantía de autonomía y democracia profesional frente a propuestas de desregulación en Argentina

Será mañana 16 del corriente en la Cámara de Diputados.

El organismo destacó el trabajo de la Oficina de la Mujer de la CSJN en la lucha contra la violencia de género en la región.

El senador Gonzalo Caro Dávalos presentó un proyecto para modificar la Ley 5412, que regula el funcionamiento del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta

Sistema Acusatorio: las audiencias filmadas podrán verse fácilmente en los expedientes

Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.

𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜𝑠 𝐴𝑛𝑑𝑟𝑒𝑢𝑐𝑐𝑖, 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑈𝐼𝐵𝐴 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 "𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑦 𝑔𝑜𝑏𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐼𝑏𝑒𝑟𝑜𝑎𝑚𝑒́𝑟𝑖𝑐𝑎. 𝐹𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠"

Por primera vez en un siglo, la asamblea se realizó en el Salón de Actos con transmisión en vivo. Destacaron el superávit financiero y la participación plena del Consejo Directivo.

Lo hará a través de su Dirección de Asuntos Contenciosos. Hasta ahora ese rol lo cumplía exclusivamente el Ministerio de Justicia.

La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.

Una iniciativa impulsada por la diputada Marcela Pagano busca ampliar el ejercicio de la fe pública y eliminar restricciones gremiales. El Colegio de Escribanos ya expresó su preocupación.

En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.