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Alejandro CarranzaLa reciente jornada de incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica ha dejado una estadística que trasciende la anécdota para convertirse en un síntoma de alerta institucional: de aproximadamente 1.200 graduados en Derecho que presentaron la prueba en abril, tan solo 12 lograron aprobar. Este 99 % de reprobación plantea un escenario complejo que no puede explicarse desde una sola arista.
Lejos de ser únicamente un problema del evaluador o del evaluado, este resultado expone una fractura sistémica entre la academia que forma a los abogados y la institución colegiada que regula su ejercicio profesional.
El déficit en la formación universitaria
Para comprender la magnitud de la falla, es imperativo dirigir la mirada hacia las aulas. La proliferación de facultades de Derecho y la masificación de la enseñanza jurídica han levantado cuestionamientos válidos sobre el rigor académico con el que egresan los estudiantes.
Si un volumen tan alto de aspirantes es incapaz de superar una prueba de conocimientos básicos y deontología, surge una pregunta ineludible: ¿están las universidades preparando a los estudiantes para la realidad de la práctica jurídica, o se están limitando a expedir títulos basados en planes de estudio desactualizados y puramente teóricos?
La preocupante brecha entre la formación universitaria y las exigencias técnicas, éticas y argumentativas del ejercicio profesional real parece ser uno de los motores principales de esta crisis. El examen del Colegio, en este sentido, actúa como un dique de contención ante deficiencias académicas previas.
La severidad y el diseño del examen: El otro lado de la moneda
Sin embargo, atribuir la totalidad de la culpa a la mala formación de los aspirantes es ignorar las leyes básicas de la evaluación institucional. Cuando un examen penaliza al 99 % de los postulantes, el propio instrumento de medición queda invalidado estadísticamente.
El Colectivo de Aspirantes ha denunciado modificaciones sorpresivas en las notas mínimas, falta de uniformidad y opacidad en las resoluciones de las apelaciones. Aquí entra en juego un factor crítico de la gestión institucional: la claridad. Si la redacción de los casos prácticos o las preguntas de opción múltiple están diseñadas para confundir mediante "trampas" sintácticas, en lugar de evaluar el razonamiento jurídico, el examen falla en su propósito.
Una institución colegiada debe garantizar el **derecho a comprender**. La falta de accesibilidad cognitiva en las instrucciones y la ausencia de ajustes razonables para personas con discapacidad convierten a la prueba en una barrera administrativa arbitraria, más que en un filtro de excelencia.
Una responsabilidad compartida
El enfrentamiento entre los aspirantes y el Colegio de Abogados no resolverá el problema de fondo si no se integra al tercer actor fundamental: las instituciones de educación superior.
El Colegio de Abogados no debe limitarse a ser un ejecutor final que cierra la puerta, sino que tiene el deber institucional de retroalimentar a la academia, señalando las áreas específicas donde los egresados presentan vacíos críticos. Por su parte, las universidades deben asumir la responsabilidad de elevar sus estándares de acreditación y actualizar sus metodologías.
El desenlace de esta situación en Costa Rica debe servir como un llamado de atención para la abogacía organizada en toda la región. El objetivo final de la colegiación obligatoria no es la exclusión del mercado laboral, sino la protección de la sociedad mediante la garantía de que quienes ejercen el derecho cuentan con la idoneidad técnica y ética necesaria. Alcanzar esa meta requiere un equilibrio urgente entre una academia responsable y una evaluación institucional transparente, justa y bien diseñada.
