| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
Alejandro CarranzaLa elección de los representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación suele percibirse dentro del fuero como un trámite interno de la colegiación. En el contexto institucional actual, resultaría ingenuo abordarla con esa ligereza.
El próximo 20 de octubre, los abogados y abogadas con matrícula federal activa están convocados a las urnas para definir la nómina de cuatro consejeros titulares y sus respectivos suplentes para el período 2026-2030. Bajo la modalidad de distrito único nacional y con la aplicación de los criterios de paridad de género y representación territorial, el estamento elegirá a quienes integrarán un cuerpo clave del sistema republicano.
Son apenas cuatro bancas en un organismo de veinte miembros. Sin embargo, su peso cualitativo es decisivo: la correlación de fuerzas que resulte de estos comicios condicionará, en buena medida, el modelo de Justicia federal que regirá en el país durante los próximos años.
La actuación de estos representantes en los concursos de oposición, en la conformación de ternas y en el juzgamiento de la conducta de los magistrados determina qué perfil de juez llegará a los tribunales de comarca, a las Cámaras Federales y a los juzgados estratégicos de todo el territorio nacional. Por ello, la contienda electoral interpela de manera directa el marco ético, técnico e institucional en el que la abogacía ejercerá la profesión.
La oficialización de las cuatro listas intervinientes expone con nitidez la tensión constitutiva del fuero: la frontera entre la representación profesional de la matrícula y la instrumentación de los espacios estamentales como plataformas de poder político.
La lista Unidad en Defensa de la Abogacía lleva en primer término a Alberto Biglieri, su trayectoria permite ubicarlo dentro de una tradición de la abogacía organizada: integró la Comisión Directiva del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires acompañanado a Ricardo Gil Lavedra como pro-secretario, tambie´n ha sido delegado ante la Caja de la Abogacía de la provincia de Buenos Aires y fue consejero de la Magistratura porteña. De gran actividad académica en el campo del Derecho administrativo, actualmente se desempeña como conjuez de la Suprema Corte bonaerense. Lo acompañan Claudia Sarmiento, Nazario Bittar (presidente del Colegio de Abogados de Córdoba) y María Jazminka Mihaljevic (vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza).
El armado exhibe un marcado anclaje en las estructuras colegiales. No obstante, reducir la propuesta a una expresión puramente gremial desestimaría la red de acuerdos partidarios que sustentan la nómina: el esquema cuenta con el aval de sectores del radicalismo, el PRO y el espacio referenciado en Daniel Angelici. La tensión es evidente: la colegiación ejerce política institucional al fijar posición sobre reformas procesales e independencia judicial; la discusión sustancial radica en qué tipo de política orientará el desempeño del consejero electo.
Bajo la denominación Abogacía Federal, la propuesta encabezada por Fernando Pablo Levene quien presidiera el Colegio de Abogados de La Plata y la secretaría del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires (ColProba) además de ser conjuez de la SCBA propone una representación con fuerte arraigo en la colegiación bonaerense. La nómina se completa con Sandra Silvina París, Eduardo Awad y Myriam Londero.
El armado sintetiza acuerdos entre dirigentes de variada adscripción (con terminales vinculadas a Diego Molea, Maximiliano Abad, Miguel Piedecasas y el oficialismo cordobés). Nuevamente, la viabilidad competitiva de una candidatura nacida de la abogacía matriculada requiere de la articulación con terminales de la política general.
La lista Abogacía por la Libertad introduce un matiz diferencial en el tablero al postular a Luis Alberto Palomino, actual concejal de La Libertad Avanza en Vicente López e integrante de la mesa judicial del espacio en la provincia de Buenos Aires. La nómina incluye a Valeria Fredes (ex vicepresidenta del INTI) y a letrados de fuero federal de diversas provincias.
En este esquema, la vinculación con la estructura de un partido de gobierno se asume de manera explícita. La legitimidad de las fuerzas políticas de intervenir en los procesos estamentales es innegable; sin embargo, la pregunta teórica e institucional que genera esta candidatura es inevitable: en el ejercicio del cargo, ¿prevalecerá el mandato de la matrícula o la disciplina del bloque partidario de origen?
Por su parte, Abogacía Unida y Dignidad Profesional postula a Itatí Demarchi Arballo (presidenta del Colegio de Abogados de Villa María), secundada por Jorge Rizzo (ex- presidente del CPACF, referente de Gente de Derecho y ex consejero porteño), Julia Toyos y Andrés Abramovich.
Con una composición marcadamente colegial en sus nombres, el espacio se inscribe en la disputa política general al contar con el apoyo de dirigentes del peronismo porteño y nacional (como Juan Manuel Olmos y Mariano Recalde). El armado da cuenta, además, de la dispersión del voto peronista en el foro, repartido entre esta opción y los acuerdos integrados en Abogacía Federal.
La integración del estamento de la abogacía no es un mero reparto de vocalías; es el engranaje que definirá la fisonomía del Poder Judicial de la Nación para los próximos diez o quince años. En un contexto de altísima vacancia en los juzgados y cámaras federales de todo el país, las cuatro bancas en disputa definirán:
El perfil ético y técnico de la magistratura: ¿Se priorizará la solidez doctrinaria, la idoneidad en el litigio y la formación académica, o prevalecerá la afinidad política y la docilidad operativa en las ternas?
El ritmo de cobertura del mapa judicial: La parálisis en los concursos frena la designación de jueces titulares en fueros críticos (como el Penal Federal, el Comercial o el Trabajo). La posición que adopten los consejeros de la abogacía destrabará o profundizará el cuello de botella institucional.
El estándar de exigencia disciplinaria: Un estamento fuerte y autónomo garantiza que los procesos de remoción por mal desempeño respondan a causales objetivas y no a presiones coyunturales del Poder Ejecutivo o del Congreso.
La modernización del servicio de justicia: El abogado que litiga necesita que el Consejo audite la gestión informática (PJN), garantice la transparencia procesal y defienda el ejercicio profesional frente a las demoras injustificadas en los expedientes.
El debate no reside en pretender una abogacía ajena a las corrientes ideológicas o a las convicciones políticas. La verdadera independencia en el ejercicio del cargo no radica en la neutralidad ideológica, sino en la autonomía de criterio frente a los poderes de turno.
El dilema de fondo que enfrenta la abogacía matriculada se resume en la naturaleza del mandato:
¿Responderá el consejero a la comunidad de abogados que sostienen la matrícula?
¿Harán respetar la ley de honorarios profesionales?
¿A las instituciones colegiales que garantizan el control del ejercicio profesional?
¿O a las exigencias operativas y parlamentarias del espacio político que prestó su estructura para el triunfo electoral?
El 20 de octubre, los abogados y abogadas habilitados definirán la composición del estamento para el próximo periodo. La elección no debería reducirse a decidir entre sellos colegiales o alineaciones partidarias.
La pregunta sustancial que deben responder las urnas trasciende los nombres de las boletas: ¿se votará a un operador político con título universitario, o a un profesional del derecho que, sin renunciar a sus convicciones, entienda que su primer compromiso es con la abogacía, la independencia judicial y el modelo de Justicia en el que deben lidiar los abogados y abogadas todos los días?
