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De los 213 cargos efectivos de fiscales nacionales y federales, 49 son ocupados por mujeres: 37 en fiscalías de primera instancia y 12 en cargos de segunda instancia, donde la brecha con los varones es aún mayor. La situación contrasta con la paridad de género observada en el resto del organismo.
Género y abogacía 22/06/2023 Redacción
La Dirección General de Políticas de Género (DGPG) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, publicó un nuevo mapa de género de esa dependencia, que describe la distribución de varones y mujeres en los cargos de magistratura del organismo y la desagrega por cada provincia.
El mapa 2023 señala que en el país hay 213 fiscales/as con cargos efectivos, de los cuales el 23% (49) está ocupado por magistradas mujeres. La brecha con varones es mayor cuando se analizan los datos entre la primera y la segunda instancia procesal -que implica una mayor jerarquía-, pues las mujeres ocupan el 28% (37) de los cargos de instrucción y el 16% (12) de los cargos al frente de los tribunales orales y las cámaras de apelaciones.
En relación con la distribución territorial, se destaca que el fuero nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el que registra una mayor proporción de cargos ocupados por magistradas, con un 27%, y que, a la fecha, no hay mujeres titulares al frente de las fiscalías de Salta y Jujuy, donde se implementó el sistema acusatorio.
La DGPG indicó que la persistencia de la disparidad de género en los cargos de fiscalas/es contrasta con la distribución paritaria al interior del organismo, tal como demuestra el mapa de 2022, donde las mujeres representan el 50,7% del total del personal. La oficina especializada señaló que la subrepresentación femenina en los puestos de toma de decisión expresa parte de los desafíos institucionales que el Ministerio Público Fiscal aún tiene por delante en términos de igualdad de género.
Agenda de igualdad
El desarrollo de los mapas de género constituye una línea de trabajo central para la DGPG, que se complementa con estudios como “El impacto del género en el proceso de selección de fiscales”. En ese trabajo publicado en 2018 se advirtió que, en los 17 años transcurridos desde la inscripción a los primeros concursos públicos de fiscales, el porcentaje de aspirantes mujeres no varió sustancialmente, con una participación promedio del 26%.
La DGPG refirió que estos informes, sumados a los resultados de la encuesta publicados en “Cartografías de Género”, permiten elaborar propuestas como las modificaciones al Reglamento de Concursos incorporadas en la Resolución PGN N° 70/22, a partir de la cual se amplió el periodo de inscripción para concursos de magistratura cuando el porcentaje de mujeres inscriptas no alcance el 30%.
De esta forma, los mapas permiten monitorear la conformación de género en los puestos de toma de decisión de los sistemas de administración de justicia y constituyen parte de la agenda de igualdad. Desde su creación en 2012, la DGPG realiza este relevamiento de forma anual.
La información relevada en el Ministerio Público Fiscal además forma parte del Mapa de Género de la Justicia Argentina, que publica anualmente la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, e integra el Mapa de Género de los Ministerios Públicos del MERCOSUR, que se elabora en el marco de la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (REMPM), en el plano internacional.
Esta línea de trabajo se desarrolla en consonancia con la preocupación de los organismos internacionales por la sobrerrepresentación de los varones en los puestos de toma de decisión de los sistemas de administración de justicia.
En efecto, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer del Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas indicó en 2021 que “en América Latina, apenas el 32% de los jueces del más alto tribunal o de los tribunales supremos son mujeres”, y puso de relieve que “es clave que las mujeres estén representadas en el poder judicial para que los tribunales, a su vez, representen a la ciudadanía, atiendan sus preocupaciones y dicten fallos fundamentados”.
La CSJN a través de la Oficina de la Mujer, con la colaboración de todas las jurisdicciones del país, reunió 91 sentencias y resoluciones judiciales.
Es un proceso de evaluación impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La dependencia de la CSJN desde su creación atendió a más de 184.000 personas afectadas y recibió más de 140.000 denuncias, que crecieron un 65% entre 2008 y 2023.
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A través de la nueva plataforma del SIE- Servicio de Imposición Electrónica - del Correo Argentino, se puede redactar, enviar y abonar la carta documento de manera online, ágil y segura.
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