Argentina firmó la Convención Liubliana-Haya sobre cooperación internacional en crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad

El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, viajó a La Haya para adherir, en representación de la Argentina, a la Convención sobre la cooperación internacional en la investigación y enjuiciamiento del crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes internacionales, que establece las obligaciones de los Estados sobre cooperación judicial y extradición en la investigación de crímenes de derecho internacional.

La comitiva oficial fue liderada el viceministro de Relaciones Exteriores, Leopoldo Sahores, acompañado por su asesora legal adjunta Érica Lucero; el embajador argentino ante los Países Bajos, Mario Oyárzabal, y su asesor legal adjunto Juan Ignacio Aguiar.

La nueva Convención fue aprobada por consenso el 26 de mayo pasado, en Liubliana (Eslovenia), con la participación de delegaciones de más de 70 Estados, organizaciones internacionales y de la sociedad civil, y se abrió recientemente a la firma.

El tratado cubre un vacío existente en el derecho y la justicia internacional al aclarar y consolidar el deber y la obligación de los Estados de prestarse asistencia mutua en casos de crímenes de derecho internacional. Proporciona herramientas para luchar contra la impunidad de los crímenes y refuerza el papel de los sistemas judiciales nacionales en estos casos.

“Este tratado apunta a asegurar el juzgamiento, la atribución de responsabilidades y la cooperación en la recolección de pruebas y la condena de los autores de estos delitos atroces. Es para que desaparezca la impunidad en estos crímenes ya que reconoce expresamente los derechos de las víctimas”, señaló Baños.

La Convención de Liubliana-Haya está concebida para dar respuestas decisivas a problemas existentes durante muchas décadas en la cooperación internacional de los estados en los casos de delito de derecho internacional. Entre otras cosas, establece la obligación de cooperar en los casos de los citados crímenes y establece claramente que estos delitos no son políticos. Esto significa que un estado no podrá negarse a extraditar a un sospechoso, por ejemplo, de crimen de guerra, solo porque en este estado este tipo de delito se considera político por definición.

La aprobación de este tratado es un paso histórico para garantizar justicia a las víctimas de crímenes de derecho internacional ya que amplía las normas sobre el reconocimiento, el papel y los derechos de las víctimas; pone énfasis en la obligación de proporcionar en todo momento un trato justo a las personas acusadas y declara ilegales la mayoría de las prescripciones de estos crímenes.