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Destacó la importancia del diálogo entre poderes, la independencia judicial y del uso del lenguaje claro.
27/05/2024 RedacciónEl presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti, recibió esta mañana en el Palacio de Justicia a los delegados de distintos países que participan en Buenos Aires de la 71ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y Reunión del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (UIM).
“Espero que estas jornadas sean de fructífera tarea y que se sigan defendiendo, como lo hacen los magistrados organizados a nivel nacional e internacional, los valores de la división de poderes y de la independencia de la Justicia”, expresó Rosatti al inaugurar el encuentro, y se refirió a dos desafíos que consideró comunes al conjunto de los países de la región: la relación “compleja y a veces tensa” con los poderes representativos dentro de un sistema repúblicano, y la necesidad de que los jueces se expresen claramente para que sus mensajes sean mejor comprendidos por la sociedad.
Respecto del primer eje, resaltó la importancia del diálogo institucional, “que no significa injerencia en las atribuciones del otro poder, sino una vinculación inteligente y racional”.
Asimismo, instó a los jueces a adoptar el paradigma de la claridad expresiva. “No debemos olvidar que el derecho, además de una ciencia, es la disciplina que le dice a toda la población –no solo al ámbito jurídico– lo que está permitido y prohibido. Nada mejor que hacerlo con un lenguaje llano”, sugirió, y concluyó: “Podemos estar más cerca de la comunidad si interpretamos las normas con un sentido actual y si decimos lo que tenemos que decir en un lenguaje accesible. Tratar de hacernos entender más y comunicarnos mejor con los otros poderes y con la sociedad es un deber que tenemos los jueces para que sea más comprendida la complejidad de nuestra tarea”.
Entre los presentes estuvieron la presidenta de la FLAM, Adriana Orocú; su vicepresidente 1°, Marcelo Gallo Tagle; el presidente de la UIM, Duro Sessa; y su vicepresidente 1° y presidente del Grupo Iberoamericano, Walter Barone. También asistieron la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, Agustina Díaz Cordero; el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso, e integrantes del consejo directivo de dicha entidad.
La actividad de la FLAM continuó con una visita a la sede de la Asoación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, previa al inicio de la Asamblea, cuyas sesiones tienen lugar hoy y mañana en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Hotel Hilton de Puerto Madero. El temario incluye el análisis de un informe sobre la situación de los poderes judiciales en los países nucleados en la FLAM, la elección de autoridades para el período 2024-2026 y la institución del premio “Miguel Ángel Caminos” para promover los concursos sobre trabajos relacionados con la independencia judicial y asociativismo.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
El tribunal interamericano afirmó que el cuidado constituye un derecho humano autónomo, con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Los Estados deben garantizarlo de manera progresiva y con enfoque de igualdad.
La polémica por la conducta del juez civil Carlos Goggi vuelve a poner en el centro del debate la defensa de la dignidad profesional de los abogados y la vigencia de la Ley de Honorarios (27.423). Las entidades de la abogacía remarcan que no está en discusión la independencia judicial, sino la obligación de respetar la ley y los precedentes.