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Mientras la conflictividad social se intensifica en Buenos Aires, la justicia enfrenta una acumulación récord de causas penales y civiles. A la falta de recursos y vacantes en el sistema judicial, se suma el retiro del Estado en áreas claves, lo que multiplica los desafíos en la provincia más poblada y diversa del país.
12/11/2024 Redacción
Durante los días 7 y 8 de octubre recientes, se realizó en la ciudad de Olavarría el XXI Congreso de funcionarios y funcionarias del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. En ese marco de la actividad, el presidente del colegio de Magistrados y Funcionarios Públicos bonarense, Claudio Santagati brindó declaraciones al medio bonaerense INFOCIELO, brindando detalles d ela díficil situación que atraviesa la justicia de la provincia.
Según informó Santagati, al periodista Sergio Di Pino del portal bonaerense INFOCIELO, actualmente la justicia bonaerense enfrenta "un millón de causas en materia civil y dos millones en el ámbito penal." Esta cifra alarmante refleja no solo el aumento de la conflictividad sino también la presión que ejerce el “retiro del Estado” en el acceso a derechos y servicios esenciales, que deja a muchos ciudadanos en situación de vulnerabilidad y obliga a la justicia a intervenir.
La crisis económica nacional sigue profundizando los problemas estructurales de la provincia de Buenos Aires, lo que se traduce en un crecimiento exponencial de la conflictividad social. Este aumento de casos sociales y penales recae sobre un sistema judicial ya debilitado por la falta de presupuesto, el déficit en la cobertura de vacantes y una presencia limitada en los 135 municipios de la provincia.
La Justicia y el Déficit de Recursos
Uno de los problemas más graves que enfrenta la justicia en Buenos Aires es la falta de cobertura de cargos para jueces, fiscales y defensores oficiales. A principios de 2024, la provincia registraba 700 vacantes, generando una carga adicional sobre los funcionarios actuales, muchos de los cuales deben cubrir varios cargos al mismo tiempo. Santagati valoró la reciente designación de 190 funcionarios, aunque enfatizó que aún falta mucho para equilibrar la estructura judicial.
La situación presupuestaria de la justicia en Buenos Aires también es crítica. Santagati subrayó que el poder judicial provincial enfrenta una falta de autarquía, que limita su capacidad de financiamiento y de operar con autonomía. Buenos Aires, siendo la provincia más rica del país y la que enfrenta mayor conflictividad, necesita un presupuesto propio que le permita responder a las demandas de su población.
Un Pedido a la Política
El incremento de la conflictividad y el creciente volumen de causas pendientes son problemas estructurales que la justicia bonaerense no puede resolver sola. Santagati concluyó con un llamado a los poderes políticos de la provincia para que brinden un mayor apoyo financiero y una política de cobertura de vacantes más ágil y sostenida. Para enfrentar la conflictividad de una de las provincias más complejas del país, la justicia necesita de todos los recursos humanos, tecnológicos y financieros posibles.
Tecnología e Inteligencia Artificial: Potencial y Desafíos
Durante el XI Congreso de Funcionarios y Funcionarias del Poder Judicial de la Provincia, realizado en Olavarría, la inteligencia artificial (IA) fue un tema central de debate. Santagati reconoció que la IA puede ser una herramienta útil para acelerar procesos y mejorar el acceso a la información, pero también subrayó que la justicia debe seguir siendo “humana” y que los operadores judiciales deben ser quienes interpreten los datos y recomendaciones proporcionados por la tecnología.
Julio Conte-Grand, Procurador General de la provincia, también advirtió sobre los desafíos de implementar nuevas tecnologías en la justicia, destacando que el éxito de estas herramientas depende del compromiso y la formación de los operadores que las emplean.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
También se conmemora el aniversario de la Caja de Previsión bonaerense y el día de los Consultorios Jurídicos gratuitos.
El Decreto 971/2024 establece que las solicitudes ante la Administración Pública tendrán aprobación automática si no reciben respuesta en el plazo estipulado, excepto en áreas sensibles como salud, medio ambiente y servicios públicos. La medida comenzó el 1º de noviembre y apunta a acelerar gestiones en sectores no críticos.
En nota dirigida a las autoridades del banco señalaron que "Esta demora desvirtúa el sistema legal de "pago en juicio" que contempla el art 277 de la Ley 20744, que fue concebido en tutela del crédito de la clase trabajadora."
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.