| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
El representante del Ministerio Público se expidió en el marco de una acción iniciada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal contra la norma dictada por el Poder Ejecutivo Nacional que limita los alcances de la Ley N°27.423 de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia.
Ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación postuló que la intervención y la conformidad de los y las representantes del Ministerio Público Fiscal en el trámite de las conciliaciones penales resulta un requisito ineludible para proceder a la homologación judicial. A su vez, dictó una instrucción general a fin de establecer estándares de actuación en la materia.
El acuerdo tiene como objetivo a hacer más efectiva la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo, estimular el intercambio espontáneo de información y asegurar una rápida y eficaz cooperación interinstitucional directa entre las autoridades competentes.
Los encuentros se desarrollaron en formato virtual los días 8, 15 y 22 de agosto con la participación de representantes de Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina, Panamá, Colombia y España
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
Mientras la conflictividad social se intensifica en Buenos Aires, la justicia enfrenta una acumulación récord de causas penales y civiles. A la falta de recursos y vacantes en el sistema judicial, se suma el retiro del Estado en áreas claves, lo que multiplica los desafíos en la provincia más poblada y diversa del país.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
La segunda edición de este informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes incluye datos estadísticos de los 24 poderes judiciales provinciales y de CABA.