| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
El representante del Ministerio Público se expidió en el marco de una acción iniciada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal contra la norma dictada por el Poder Ejecutivo Nacional que limita los alcances de la Ley N°27.423 de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia.
Ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación postuló que la intervención y la conformidad de los y las representantes del Ministerio Público Fiscal en el trámite de las conciliaciones penales resulta un requisito ineludible para proceder a la homologación judicial. A su vez, dictó una instrucción general a fin de establecer estándares de actuación en la materia.
El acuerdo tiene como objetivo a hacer más efectiva la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo, estimular el intercambio espontáneo de información y asegurar una rápida y eficaz cooperación interinstitucional directa entre las autoridades competentes.
Los encuentros se desarrollaron en formato virtual los días 8, 15 y 22 de agosto con la participación de representantes de Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina, Panamá, Colombia y España
La joven estuvo en coma durante dos semanas, antes de poder declarar. El y la fiscal federal Federico Iuspa y Mariela Labozzetta habían presentado un dictamen en el que requerían que se incorporen elementos de violencia de género presentes en el caso. Uno de los imputados es expareja de la víctima y fue procesado con prisión preventiva por lesiones triplemente agravadas.
El proyecto oficialista que propone eliminar la colegiación obligatoria se presenta como un alivio económico en tiempos de crisis. Pero detrás de la desregulación, los colegios de abogados advierten una amenaza más profunda: la pérdida de independencia profesional y el riesgo de concentrar el control del ejercicio profesional en manos del Estado.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.