| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
El capítulo argentino de la ONG pidió a la Corte Interamericana de Justicia que considere exhoirtar al gobierno libertario a que "se abstenga del uso de discursos y mensajes "criminalizantes sobre la labor de periodistas y medios de comunicación"
Noticias25/07/2024
Alejandro Carranza
Recientemente, se ha documentado un aumento en las restricciones y el hostigamiento hacia los periodistas en Argentina por parte del gobierno del libertario Javier Milei, no solamente de sus funcioanrios sino que ha sido el mismo presidente argentino quine desde sus redes sociales ha descalificado a periodistas, especialmente mujeres. Tal nivel de agresión motivó a diversas organizaciones a advertir la gravedad de la situación sin que por ello haya mermado o dismunuído la violencia verbal; por ello la sección argentina de Amnistía Internacional elevó una nota a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a las relatorías de libertad de expresión, de operadores de la justicia y derechos humanos un extenso informe donde se detalla y relatan una serie de eventos que constituyen, desde la perspectiva de Amnistía Internacional, un "ensañamiento y agresión contra periodistas, utilizando las redes sociales y otras estrategias para generar el efecto de silenciamiento y “asesinato de reputación”"
El caso de Silvia Mercado es emblemático; su acreditación fue revocada arbitrariamente tras cumplir con los requisitos establecidos por el gobierno, lo que resalta la falta de transparencia y el riesgo de represalias hacia los informadores.
Este tipo de situaciones subraya la necesidad de un marco objetivo y plural para la acreditación de periodistas
Estas condiciones reflejan un intento por parte del gobierno de establecer un control más riguroso sobre quién puede acceder a las fuentes de información.
El hostigamiento en redes sociales y la censura han incrementado, limitando la capacidad de los periodistas para ejercer su labor. La presión por parte de funcionarios públicos y la falta de protección para los periodistas pueden llevar a un clima de miedo que impida la libertad de expresión consigna el informe suscrito por Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sección Argentina. Finalmente la organziación solicita a la CIDH y las Relatorías Especiales tomen conocimiento de estos graves hechos y considere:
i. Exhortar al Estado argentino a pronunciarse sobre la importancia de proteger los derechos a la libertad de expresión y prensa y el rol central que ocupa el periodismo en un estado de derecho
ii. Exhortar al Estado argentino a que se abstenga del uso de discursos y mensajes criminalizantes sobre la labor de periodistas y medios de comunicación.
iii. Considerar la relevancia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – de la mano de las Relatorías Especiales- elabore mecanismos y respuestas para contrarrestar las prácticas de los Estados de utilizar discursos estigmatizantes y narrativas que procuran desacreditar al periodismo y silenciar y censuras las críticas.
iv. Considerar la relevancia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – de la mano de las Relatorías Especiales- establezca y explicite recomendaciones específicas sobre el rol de los funcionarios públicos y el impacto en las comunicaciones del Estado, en el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y el rol del periodismo.
La Asociación Civil denunció que el proyecto de "Ley de Modernización Laboral" no fue debatido públicamente y generará una destrucción masiva de empleos de calidad, beneficiando únicamente a los grandes grupos económicos concentrados.
El proyecto del Gobierno redefine la relación entre capital y trabajo, facilita el despido, reduce derechos históricos y limita la acción sindical. Una reforma que, lejos de modernizar, reinstala un modelo de desprotección incompatible con los estándares constitucionales y de la OIT. Deroa el estatuto del Periodista, el régimen de teletrabajo, del viajante de comercio y le resta derechos a los trabajaores extranjeros. La CGT convocó a una marcha en protesta para el próximo jueves 18 a las 15 hs. en Plaza de Mayo.
Autoridades del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal recibieron a integrantes de la Asociación Iberoamericana de Profesionales de la Comunicación Judicial (JusCom), con el objetivo de explorar posibles líneas de colaboración entre ambas instituciones.
El tribunal de enjuiciamiento removió por unanimidad a Julieta Makintach por conductas incompatibles con la función judicial. Dirigentes del Colegio de la Abogacía de La Plata integraron el jury y respaldaron un veredicto que marca un precedente en la Justicia bonaerense.
Es por la presunta complicidad de la magistrada Julieta Makintach en la grabación de un documental durante el juicio por la juetre del astro del fútbol argentino, Diego Maradona.
La polémica por la conducta del juez civil Carlos Goggi vuelve a poner en el centro del debate la defensa de la dignidad profesional de los abogados y la vigencia de la Ley de Honorarios (27.423). Las entidades de la abogacía remarcan que no está en discusión la independencia judicial, sino la obligación de respetar la ley y los precedentes.
El autor es Abogado UNLP . Asesor sindical . Director comisión derecho colectivo asociacion laboralistas platenses. Miembro instituto derecho laboral Colegio Publico. Diplomado derecho colectivo Untref . Maestrando derecho laboral Uba . Docente.
Separado de su pareja, P. se enteró de que padecía una enfermedad terminal. En un audio a su abogado, certificado luego ante un escribano, le pidió protegerla. Tras su muerte, el hermano intentó excluir a la viuda de la herencia. La Corte Provincial, por mayoría, tuvo en cuenta la voluntad de reconciliación y cuidado del fallecido hacia su esposa, y rechazó el planteo.
El dato surge de las denuncias recibidas por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte en 2024. Hubo 3484 personas denunciadas y la justicia dictó 4474 medidas preventivas.
La Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) emitió una declaración institucional en la que describe a Venezuela como un Estado “asimilable a Estado fallido” y llama a reconstruir plenamente el Estado de Derecho mediante el respeto a la soberanía popular y el resultado electoral de julio de 2024, rechazando el uso de la fuerza en la resolución de la crisis política. (uiba.org)