"Lo barato sale caro": una conversación con Aída Kemelmajer y Marisa Herrera sobre los riesgos del divorcio administrativo

En un reciente conversatorio, las reconocidas juristas argentinas Aída Kemelmajer de Carlucci y Marisa Herrera compartieron sus opiniones con el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires –COLPROBA- sobre la posibilidad de implementar un divorcio administrativo en Argentina, un tema que ha ganado relevancia a raíz de declaraciones del Ministro de Justicia, Dr. Cúneo Libarona, quien durante el cierre de un acto en el Colegio de Escribanos, expresó su deseo de que los escribanos puedan gestionar divorcios administrativos, con el fin de "ahorrarle dinero a la gente y facilitar los trámites".

Esta idea, atractiva para muchos por su simplicidad aparente, fue rápidamente desafiada por las expertas, quienes recordaron que, según el Código Civil y Comercial vigente, los divorcios requieren una sentencia judicial. Kemelmajer destacó que el actual marco legal argentino no contempla un divorcio notarial, y que cualquier modificación en este sentido debería pasar por el Poder Legislativo.

¿Realmente un divorcio administrativo sería más fácil y barato?

A primera vista, un sistema de divorcio administrativo podría parecer una solución rápida y económica para las parejas que desean disolver su vínculo matrimonial. Sin embargo, como advirtió Marisa Herrera, la falta de intervención de un abogado no solo implicaría un ahorro económico, sino también un costo emocional y jurídico que las personas a menudo no consideran.

La doctora Herrera subrayó que el papel del abogado va más allá de ser un simple gestor de trámites. "La gente, salvo que sean abogados, no sabe qué derechos tiene cuando se divorcian", afirmó. Aquí radica uno de los puntos clave de la conversación: el desconocimiento de las implicancias legales del divorcio por parte de los ciudadanos. ¿Qué ocurre con los bienes comunes? ¿Cómo se gestionan los vínculos con los hijos? ¿Existe la posibilidad de reclamar una compensación económica?

Kemelmajer también recordó que el Código Civil y Comercial vincula numerosos derechos y obligaciones al acto del divorcio, como el derecho a la compensación económica en casos de desequilibrio entre las partes. Este aspecto es fundamental en un contexto en el que, en muchas ocasiones, una de las partes renuncia a su desarrollo profesional o económico en beneficio de la otra durante el matrimonio. "La gente necesita estar asesorada para no tomar decisiones que luego les resulten desfavorables", recalcó.

Compensación económica: una figura poco conocida

Uno de los puntos más interesantes de la conversación fue la referencia a la compensación económica, una figura introducida con el Código Civil y Comercial en 2015. Esta herramienta busca equilibrar las diferencias económicas que puedan surgir tras un divorcio, especialmente en casos donde una de las partes ha sacrificado su carrera o ingresos por el bienestar familiar. Aída Kemelmajer explicó que este derecho es relativamente nuevo en Argentina, y su desconocimiento entre la población general refuerza la necesidad de asesoramiento legal adecuado antes de llevar adelante un divorcio.

El riesgo de "lo barato"

El título de este conversatorio, "Lo barato sale caro", refleja la advertencia de ambas juristas. Un divorcio administrativo podría parecer una solución rápida y económica, pero sin la intervención adecuada de abogados, las consecuencias podrían ser desastrosas. Como ejemplificó Herrera, el costo de un divorcio no radica únicamente en lo económico, sino también en el impacto que tiene en las relaciones familiares, los derechos y el bienestar emocional de las partes.

El sistema actual, según las expertas, ha demostrado ser sencillo y eficiente. Si bien siempre existe margen para mejoras, ambas coinciden en que la judicialización del divorcio no debe simplificarse en exceso, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales.

Conclusión: la importancia de un sistema robusto

En resumen, Kemelmajer y Herrera señalaron que el divorcio no es un mero trámite que puede resolverse en una oficina administrativa. Requiere un enfoque integral que contemple los efectos jurídicos y emocionales que surgen de la disolución de una relación. Si bien la idea de ahorrar dinero y facilitar procesos puede resultar atractiva, las expertas recalcaron que la intervención judicial y el asesoramiento legal son esenciales para garantizar la justicia y equidad en estos casos.

Como concluyó Herrera, "equipo que gana no se cambia", y el actual sistema judicial ha demostrado su efectividad en estos casi diez años de vigencia del nuevo Código Civil y Comercial.

Lo destacado

1. El divorcio en Argentina requiere intervención judicial: Según el Código Civil y Comercial vigente, no es posible disolver un matrimonio sin una sentencia judicial, por lo que un divorcio administrativo no está contemplado.

2. La falta de asesoramiento legal tiene un costo emocional y jurídico: Aunque un divorcio administrativo podría parecer más económico y sencillo, la falta de asesoramiento de un abogado puede dejar a las personas sin conocimiento de sus derechos, lo que puede resultar en mayores complicaciones a futuro.

3. El Código Civil y Comercial protege derechos que la mayoría desconoce: Muchas personas no están familiarizadas con conceptos como la compensación económica, lo que refuerza la importancia de contar con asesoramiento legal antes de tomar decisiones en un proceso de divorcio.

4. La compensación económica es un derecho nuevo y fundamental: Introducida en 2015, la compensación económica busca equilibrar las diferencias entre las partes cuando una de ellas ha sacrificado su desarrollo personal o profesional durante el matrimonio. Este derecho es poco conocido y requiere asesoramiento legal para ser ejercido.

5. "Lo barato sale caro": Si bien la idea de un divorcio administrativo parece atractiva por su simplicidad y ahorro de costos, podría generar consecuencias legales negativas, como la pérdida de derechos o el desconocimiento de las implicancias jurídicas del divorcio.

6. El sistema judicial actual es eficaz y no necesita cambios: Después de casi diez años de vigencia del Código Civil y Comercial, el sistema judicial ha demostrado ser simple y eficiente para gestionar divorcios, lo que hace innecesario un cambio hacia un sistema administrativo.

Estas conclusiones resaltan la importancia del asesoramiento legal y el valor de un proceso judicial adecuado para garantizar la protección de derechos en casos de divorcio.