| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
Alejandro Carranza
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires funciona desde hace años con sólo tres de los siete miembros previstos por ley. Por estos días hay una nota que circula por mensajes de whatsapp y correo donde un grupo de abogados y abogadas buscan adhesiones a una petición colectiva dirigida al gobernador Axel Kicillof y al Honorable Senado de la Provincia para reclamar la inmediata cobertura de las vacantes.
La nota señala que la falta de integración plena “desnaturaliza el carácter colegiado del máximo tribunal, afecta el principio del juez natural y vulnera la tutela judicial efectiva”.
El reclamo se apoya en los artículos 14 y 175 de la Constitución bonaerense, que reconocen el derecho a peticionar colectivamente y asignan al Ejecutivo y al Senado la responsabilidad de designar a los ministros de la Suprema Corte.
La Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 5827) dispone que el Tribunal debe estar compuesto por siete miembros, pero la prolongada reducción numérica obliga a recurrir casi de modo permanente al mecanismo excepcional de “integración” con jueces ajenos al cuerpo.
Un perjuicio directo para la ciudadanía
La nota subraya que la situación no sólo representa un problema institucional, sino un perjuicio concreto para la ciudadanía bonaerense.
Las causas que llegan al máximo tribunal —en particular las vinculadas a derechos laborales, previsionales y de responsabilidad estatal— sufren dilaciones estructurales, afectando el derecho a una justicia pronta, continua y efectiva.
“La demora en la designación de los ministros compromete el acceso a la justicia y genera incertidumbre en temas que impactan en la vida cotidiana de miles de personas”, señala el documento.
Pluralidad y equidad como ejes de las designaciones
El pedido también propone que las futuras designaciones consideren criterios de mérito, diversidad, especialización y equidad de género, con el fin de dotar al Tribunal de una composición plural y representativa del territorio bonaerense.
“Un Tribunal plenamente integrado mejora su capacidad de decisión y refuerza la confianza pública en la Justicia”, afirman.
Un llamado a la responsabilidad institucional
La nota concluye que la integración completa de la Suprema Corte es un acto de responsabilidad institucional impostergable, esencial para restablecer la normalidad en el funcionamiento del Poder Judicial bonaerense.
El planteo invita a otras instituciones y profesionales del Derecho a sumarse a la iniciativa, en defensa del Estado de Derecho, la independencia judicial y la plena vigencia de la Constitución provincial.
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