
Abogacía en la mira: el Colegio Público rechaza el estigma de la “industria del juicio”
Alejandro Carranza
En un nuevo capítulo del debate sobre el rol de la justicia laboral en la economía argentina, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) emitió un enérgico comunicado institucional en el que rechaza las recientes expresiones que vuelven a instalar la noción de una supuesta “industria del juicio” como causa del deterioro del empleo, la inversión y el funcionamiento del aparato productivo.
Según el CPACF, se trata de una narrativa simplificadora que deslegitima el ejercicio profesional de miles de abogados laboralistas y responsabiliza injustamente al sistema judicial por problemas estructurales del mercado de trabajo.
“La existencia de un fuero laboral especializado constituye una garantía para la tutela efectiva de derechos en una relación jurídica estructuralmente desigual”, afirma el comunicado difundido esta semana. Y añade: “Las normas que rigen esos procesos son dictadas por el Poder Legislativo y aplicadas por el Poder Judicial, conforme a los principios constitucionales”.
El Colegio destaca que la litigiosidad laboral no es una anomalía, sino una expresión del derecho de las y los trabajadores a reclamar judicialmente cuando sus derechos son vulnerados. “Estigmatizar la labor de la abogacía, mediante discursos infundados, degrada el debate público y debilita la institucionalidad”, señala el texto.
Frente a la creciente difusión en medios de comunicación de opiniones que vinculan el ejercicio del derecho laboral con prácticas abusivas o especulativas, la entidad que nuclea a los abogados porteños subraya que la abogacía cumple un rol esencial en el acceso a la justicia y en la defensa de los derechos reconocidos por la ley.
La postura del CPACF no es nueva, pero se actualiza cada vez que se reavivan los ataques mediáticos o políticos contra el fuero laboral. En este sentido, el Colegio reafirma su compromiso con una justicia laboral moderna, eficaz y respetuosa del Estado de Derecho, y anticipa que continuará interviniendo públicamente “cada vez que se pretenda desacreditar la función profesional que ejercen miles de abogadas y abogados con responsabilidad y dignidad”.
Un debate que atraviesa la política y la economía
El concepto de “industria del juicio” ha sido utilizado en reiteradas oportunidades por sectores empresariales y dirigentes políticos que plantean que la posibilidad de demandas laborales desalienta la creación de empleo formal y la inversión. Sin embargo, desde distintos sectores del derecho laboral y de la academia se advierte que esa mirada oculta las verdaderas causas de la informalidad, la rotación laboral y la precarización.
“El problema no son los juicios, sino las condiciones que los hacen necesarios”, afirman desde el ámbito gremial y jurídico. En esa línea, voces críticas señalan que cargar la culpa sobre abogados o jueces distrae la atención de las verdaderas reformas pendientes: el fortalecimiento de los controles laborales, la actualización del salario mínimo y la modernización de los convenios colectivos.
Para el Colegio de la Abogacía, lo que está en juego no es sólo una disputa de relato, sino el respeto a principios constitucionales fundamentales: la igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia.
Fuente:
Comunicado del CPACF
Learn more on Glasp: https://glasp.co/reader?url=https://www.cpacf.org.ar/noticia/6443/comunicado-institucional-frente-a-recientes-expresiones-sobre-la-denominada-industria-del-juicio
¿Deseas que lo convierta en PDF o Word para su publicación?


Venezuela entre el colapso institucional y la búsqueda de Estado de Derecho, según la UIBA

La abogacía "de pasillo" reclama la integración completa de la Suprema Corte bonaerense

De los tribunales a la nube: La Abogacía Española impulsa la iniciativa Upro


Ante el proyecto de desregulación de los colegios profesionales se pronunció UIBA

Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia: Milei oficializó el recambio en el Gabinete

IA pública y secreto profesional: el nuevo riesgo invisible para la abogacía



