La Procuración General presenta pautas generales de actuación en la persecución penal de la delincuencia organizada

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, aprobó mediante la Resolución PGN 27/2025 las Pautas generales de actuación en la persecución penal de la delincuencia organizada, que fijan los ejes estratégicos del Ministerio Público Fiscal de la Nación en la investigación y juzgamiento de delitos complejos.

El documento, recopila, sistematiza y destaca las políticas institucionales que se vienen llevando a cabo, así como la experiencia y los resultados del trabajo desarrollado en los últimos años por las distintas fiscalías, procuradurías, unidades fiscales, secretarías y direcciones del Ministerio Público Fiscal en este campo. Allí caracteriza a la delincuencia organizada y a sus amenazas, analiza e identifica su desarrollo en la Argentina y traza nueve ejes para enfrentarla. En tal sentido, recomienda su aplicación en la investigación y el impulso de la acción penal en los casos vinculados con las diversas manifestaciones de la delincuencia organizada en que intervengan.

En los considerandos de la resolución el procurador definió a este fenómeno criminal “por la participación de grupos estructurados y jerarquizados, que operan de manera planificada y coordinada para llevar a cabo delitos graves, principalmente con miras a obtener ganancias económicas u otros beneficios de orden material, generando un impacto altamente perjudicial en el tejido social y en el funcionamiento de las instituciones democráticas”. Reconoció que dentro de las principales expresiones de este tipo de delincuencia se encuentran la narcocriminalidad, la trata y explotación de personas, el tráfico de migrantes, el contrabando de mercaderías, el tráfico de armas de fuego o materiales controlados, la extorsión, el secuestro extorsivo, la ciberdelincuencia y el lavado de activos, actividades criminales que a menudo se vinculan con otros delitos violentos, como homicidios, lesiones o daños, y de índole económica, como la corrupción, la evasión tributaria o los fraudes contables. En las pautas se señala además el vínculo de estos delitos con el terrorismo.

El procurador añadió que “la corrupción pública constituye un fenómeno estructural y transversal que puede facilitar o dar cobertura a la delincuencia organizada”, y remarcó que “el involucramiento de funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y actores del sistema de administración de justicia en prácticas corruptas brinda condiciones favorables para que las organizaciones criminales desplieguen sus actividades o reduzcan sus riesgos de ser descubiertas y sancionados sus integrantes”.

En tal sentido, en las Pautas se establecen los lineamientos esenciales para la intervención del MPF en la investigación y juzgamiento de este tipo de criminalidad:

• Contar con una adecuada especialización y apoyo dinámico brindado por las dependencias creadas en el marco de la estructura central de este organismo;
• Reforzar las acciones específicas en contra de las ganancias ilícitas del delito, mediante las investigaciones del lavado de activos y el recupero de los instrumentos y el provecho económico de los delitos;
• Complementar las pesquisas penales con investigaciones económico-financieras;
• Ascender en la cadena de responsabilidad penal y buscar la criminalización de los sujetos que se encuentran en las estructuras superiores de las organizaciones, mediante institutos como el del imputado colaborador o arrepentido o el uso de técnicas especiales de investigación;
• Buscar la atribución de responsabilidad a las personas jurídicas involucradas en los delitos;
  Utilizar todas las herramientas de cooperación internacional disponibles;
• Llevar a cabo una coordinación interinstitucional activa y proactiva para favorecer el desarrollo de las acciones planteadas.

Desafíos y compromisos

Casal marcó que "el abordaje estratégico en la persecución penal y el ejercicio de la acción penal pública en los casos complejos de delincuencia organizada resulta aún más relevante frente a la implementación de sistema procesal acusatorio introducido por el Código Procesal Penal Federal (Ley 27.063 y su modificatoria, Ley 27.482), en donde el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo la promoción de la acción penal pública contra los autores y partícipes de los delitos y, a partir de allí, tiene a su cargo exclusivo el rol de llevar a cabo su investigación".

El procurador señaló que "la investigación e impulso de la acción penal a través de estos ejes no significa descartar otras acciones y enfoques que puedan darse en simultáneo" y, en tal sentido, precisó que "lo que se busca, en definitiva, es establecer prioridades para una mejor optimización de recursos y un enfoque pragmático en áreas que requieren un tratamiento más especializado debido a su complejidad y las amenazas que representan".

En este marco, Casal contextualizó el lanzamiento de estas Pautas en "una política activa para combatir y contrarrestar las expresiones más graves de la delincuencia organizada", tal como lo prevé la ley orgánica del MPF, con base en los compromisos internacionales asumidos por la Nación al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Convenio sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa, entre otros instrumentos. El procurador recordó al respecto que Argentina es miembro pleno el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) desde 2000.