Eduardo Casal

Durante el encuentro, 25 representantes de esos fueros del MPF mencionaron la necesidad de más recursos humanos y tecnológicos. Además, pidieron reunirse, junto al procurador Eduardo Casal, con los ministros de Justicia y de Seguridad de la Nación para plantearles personalmente las problemáticas de ambos fueros.

El documento caracteriza el fenómeno criminal, identifica sus formas de desarrollo en la Argentina y fija nueve ejes estratégicos para combatirlo, con el objeto de optimizar recursos con un enfoque pragmático.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, expresó que el Ministerio Público Fiscal se vería impedido de cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos que tramitan ante el fuero nacional, en detrimento de los intereses por los que tiene que velar.

El procurador recomendó a los/as representantes del MPF una serie de lineamientos para el ejercicio de la acción penal por crímenes internacionales cometidos en otros países. El documento fue elaborado por la Secretaría de Coordinación Institucional, la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios y la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional.

Con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa para desbaratar los grupos delictivos organizados a través de la Acción Operativa Empact 8.5, que busca conectar a las fiscalías iberoamericanas con sus pares europeas. La acción es liderada por la Fiscalía Especial Antidroga de España junto a la Red de Fiscales Antidrogas de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.

Ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación postuló que la intervención y la conformidad de los y las representantes del Ministerio Público Fiscal en el trámite de las conciliaciones penales resulta un requisito ineludible para proceder a la homologación judicial. A su vez, dictó una instrucción general a fin de establecer estándares de actuación en la materia.

El acuerdo tiene como objetivo a hacer más efectiva la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo, estimular el intercambio espontáneo de información y asegurar una rápida y eficaz cooperación interinstitucional directa entre las autoridades competentes.

El acuerdo tiene como principal objetivo la coordinación de esfuerzos interinstitucionales para desarrollar e implementar acciones conjuntas de cooperación e intercambio de la información para abordar los fenómenos criminales del tráfico de estupefacientes y del lavado de activos de origen ilícito.

De esta manera la Corte Suprema de Justicia seguramente decidirá en contra del gobernador Sergio Uñac que busca su reelección.

La presentación estuvo a cargo del procurador Eduardo Casal y del ministro de seguridad nacional Aníbal Fernández. El instrumento está dirigido a la identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación de elementos de prueba asociados a todo tipo de delitos. Participaron el titular de la UFECI, la titular de la DATIP, los jefes de las fuerzas federales y miembros del gabinete de Seguridad.

Se trata de Laura María Giosa y Juan Pablo Más Vélez, en representación del Consejo Interuniversitario Nacional y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, respectivamente.