| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
El acuerdo tiene como principal objetivo la coordinación de esfuerzos interinstitucionales para desarrollar e implementar acciones conjuntas de cooperación e intercambio de la información para abordar los fenómenos criminales del tráfico de estupefacientes y del lavado de activos de origen ilícito.
Noticias03/07/2023 Redacción
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, firmaron el martes 27 de junio un Convenio de Cooperación y Colaboración para combatir la criminalidad organizada, como el tráfico de estupefacientes y el lavado de activos de origen ilícito.
En representación del Ministerio Público Fiscal también estuvieron presentes el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel; la subdirectora de la secretaría de Coordinación Institucional, Maria Teresa Bertotto; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias; el auxiliar fiscal de este organismo Matias Scilabra; y los cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Laura Roteta y Diego Velasco. Por la Municipalidad de Rosario asistieron el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago; el secretario de Modernización y Cercanía, German Giró; la subsecretaria legal y técnica, Juliana Conti; y la titular de la Agencia contra el Lavado de Activos de Origen Delictivo, María Paula Bruera.
En este marco, la Municipalidad de Rosario cedió un inmueble para que la PROCUNAR y la PROCELAC puedan desarrollar desde allí las labores vinculadas a las competencias que tienen asignadas.
El acuerdo suscripto tiene como principal objetivo la coordinación de esfuerzos interinstitucionales para desarrollar e implementar acciones conjuntas de cooperación e intercambio de la información, para el mejor cumplimiento de las misiones y funciones tanto del MPF como de la Municipalidad de Rosario y con los alcances que cada una de ellas establezca.
En ese sentido, el convenio establece que la municipalidad brindará a las fiscalías que integran el MPF, cuando éstas lo requieran en el marco de una investigación penal en la que corresponda su intervención, la información con la que cuente el Sistema de Control Económico Financiero para la prevención del lavado de activos de origen delictivo (SISCEF) y su autoridad de aplicación, que es la Agencia contra el lavado de activos de origen delictivo.
La comuna también pondrá a disposición la información que se le requiera surgida del Sistema de Captación y Procesamiento de imágenes para la Detección Electrónica de Infracciones (SICIDEI) que, mediante cámaras de vigilancia y conteo, así como cinemómetros, realiza la lectura en tiempo real de la patente de los vehículos automotores captados, junto a la fecha y hora exacta, la localización georeferenciada y la dirección de la incidencia. Esta información, junto a fotos y/o videos, se almacena en una base de datos que podrá ser consultada.
En el acuerdo se estableció que la información solicitada por las fiscalías al SICIDEI y al SISCEF será brindada con la máxima prioridad posible, de manera ordenada y sistematizada.
En esa línea, se detalla que los datos que se proveerán consisten en la lectura de las patentes de los vehículos automotores que circulen bajo el radio de captación del SICIDEI, junto a la fecha y hora donde haya sido registrada, la cámara, la localización (coordenada X e Y) y la dirección de la incidencia. A su vez, en caso de existir una imagen o video asociado, se brindará un enlace para su consulta.
El convenio, que ya entró vigor, tendrá una duración de dos años y se prorrogará automáticamente por periodos iguales sucesivos.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Una denuncia por abuso sexual entre adolescentes, marcada por el stealthing y el hostigamiento escolar, derivó en un inédito proceso de justicia restaurativa en La Plata. Sin juicio ni condena penal, el enfoque apuntó a la asunción de responsabilidad, la reparación del daño y la prevención de nuevas violencias.
El máximo tribunal contradice a la Cámara Federal y complica la situación del magistrado designado por el presidente Milei.
Una investigación del New York Times reveló cómo el entorno cercano al presidente Javier Milei promovió Milei Coin , una criptomoneda que generó expectativas de apoyo oficial y terminó desplomándose, perjudicando a pequeños inversores. El escándalo exponen riesgos de especulación y la responsabilidad de los líderes en estos mercados volátiles.
Lo decidió está mañana. La decisión sobre Lijo se pòstergó para el seis de marzo
La joven estuvo en coma durante dos semanas, antes de poder declarar. El y la fiscal federal Federico Iuspa y Mariela Labozzetta habían presentado un dictamen en el que requerían que se incorporen elementos de violencia de género presentes en el caso. Uno de los imputados es expareja de la víctima y fue procesado con prisión preventiva por lesiones triplemente agravadas.
El proyecto oficialista que propone eliminar la colegiación obligatoria se presenta como un alivio económico en tiempos de crisis. Pero detrás de la desregulación, los colegios de abogados advierten una amenaza más profunda: la pérdida de independencia profesional y el riesgo de concentrar el control del ejercicio profesional en manos del Estado.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.