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La Justicia bonaerense comienza a saldar una deuda histórica con los sectores más vulnerables

La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.

Noticias27/05/2025Alejandro CarranzaAlejandro Carranza
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En una decisión que puede marcar un punto de inflexión en el acceso a la justicia en el interior de la provincia, la Suprema Corte de Justicia bonaerense resolvió, mediante la Resolución SC Nº 1142/25, iniciar el proceso de creación de defensorías y asesorías tutelares permanentes que actúen ante los Juzgados de Paz. La medida responde al cumplimiento de la sentencia en la causa C. 124.105 "Bianco", donde el máximo tribunal provincial advirtió sobre la necesidad de corregir una grave omisión institucional.

En sus fundamentos, la Corte señaló:

“Resulta incompatible con el adecuado servicio de justicia la ausencia del Ministerio Público en ámbitos donde existen jueces con competencia en materia de niñez, salud mental o capacidad, pues se ven comprometidos derechos fundamentales de personas en situación de especial vulnerabilidad.”
Hasta ahora, ante la falta de estructuras permanentes, se venía implementando una figura provisoria: defensores y asesores ad hoc, designados caso por caso y gestionados en conjunto con los colegios de abogados. Aunque esta modalidad ha permitido una respuesta mínima, no alcanza para garantizar una presencia regular y sostenida del Ministerio Público en zonas alejadas de los centros judiciales.

El nuevo plan de labor, que será desarrollado por etapas y con prioridades definidas, estará a cargo de la Dirección de Justicia de Paz y la Secretaría de Planificación, en coordinación con la Procuración General, que deberá elaborar una propuesta concreta con la participación de todas las áreas involucradas.

Dicha propuesta deberá ser elevada a la Suprema Corte de Justicia y, en caso de ser aprobada, enviada al Poder Ejecutivo y a la Legislatura Provincial, conforme a lo previsto por el artículo 165 de la Constitución provincial y el artículo 91 de la Ley 5.827.

El desafío será ahora institucionalizar una política pública que deje atrás las soluciones transitorias y asegure, con recursos y planificación, la presencia del Estado en la defensa de los derechos donde más se necesita.

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