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En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Noticias21/05/2025
Alejandro CarranzaEl pasado viernes, la XXII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana culminó en República Dominicana con la adopción de la "Declaración de Santo Domingo", un documento que establece una clara hoja de ruta hacia una justicia centrada en las personas. Este importante evento reunió a representantes de los poderes judiciales de 23 naciones, destacando la presencia del secretario decano de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Damián Font, y de la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero.
La Declaración de Santo Domingo es el resultado de un compromiso colectivo por parte de los países participantes para promover y fortalecer un sistema judicial que priorice las necesidades de la ciudadanía. Entre las recomendaciones adoptadas se encuentran la actualización del mapa judicial iberoamericano, la innovación y digitalización de procesos, y la promoción de la igualdad de género y de los derechos ambientales.
Durante la Cumbre, se conformaron diversas comisiones de trabajo. Por parte de Argentina, el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, asumió un papel en la Comisión Iberoamericana de Justicia Medioambiental, junto a otros representantes argentinos en distintas comisiones, que abordarán temas de relevancia como la ética judicial y la educación para la justicia.
La necesidad de abrazar las nuevas tecnologías fue un tema central en la Cumbre. Brasil propuso “Inteligencia Artificial y Justicia” como eje temático, resaltando que este avance tecnológico impacta los procedimientos judiciales y plantea nuevos desafíos en ámbitos como la ética y la privacidad. Esta temática se desglosó en varios subtemas, que van desde el uso de inteligencia artificial en la administración judicial hasta cuestiones relacionadas con el derecho penal.
La "Declaración de Santo Domingo" hace un llamado a todos los Poderes Judiciales de Iberoamérica a adoptar principios que integren productos axiológicos en sus procesos de planificación. Se enfatiza la importancia de fortalecer el Estado democrático de derecho, asegurando que la justicia sea transparente, equitativa y centrada en las personas.
El documento concluye destacando los retos que enfrentan el Estado de derecho y las instituciones en el presente, y promete un esfuerzo conjunto y sin descanso de los poderes judiciales para garantizar una justicia que respete la dignidad y los derechos de los ciudadanos. Este mensaje de unidad y acción se transforma en un compromiso ante las crecientes inquietudes sobre la transparencia y la equidad en los sistemas judiciales de la región.
La Cumbre Judicial Iberoamericana, un foro esencial para la cooperación entre las naciones de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, se reafirma como un espacio clave para discutir y abordar las reformas necesarias para garantizar una justicia inclusiva, oportuna y confiable. Con un enfoque renovado, esta edición ha sentado las bases para una colaboración más efectiva en el ámbito judicial, primordial para el fortalecimiento de la democracia y los derechos en Iberoamérica.
La Asociación Civil denunció que el proyecto de "Ley de Modernización Laboral" no fue debatido públicamente y generará una destrucción masiva de empleos de calidad, beneficiando únicamente a los grandes grupos económicos concentrados.
El proyecto del Gobierno redefine la relación entre capital y trabajo, facilita el despido, reduce derechos históricos y limita la acción sindical. Una reforma que, lejos de modernizar, reinstala un modelo de desprotección incompatible con los estándares constitucionales y de la OIT. Deroa el estatuto del Periodista, el régimen de teletrabajo, del viajante de comercio y le resta derechos a los trabajaores extranjeros. La CGT convocó a una marcha en protesta para el próximo jueves 18 a las 15 hs. en Plaza de Mayo.
Autoridades del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal recibieron a integrantes de la Asociación Iberoamericana de Profesionales de la Comunicación Judicial (JusCom), con el objetivo de explorar posibles líneas de colaboración entre ambas instituciones.
El tribunal de enjuiciamiento removió por unanimidad a Julieta Makintach por conductas incompatibles con la función judicial. Dirigentes del Colegio de la Abogacía de La Plata integraron el jury y respaldaron un veredicto que marca un precedente en la Justicia bonaerense.
Es por la presunta complicidad de la magistrada Julieta Makintach en la grabación de un documental durante el juicio por la juetre del astro del fútbol argentino, Diego Maradona.
La polémica por la conducta del juez civil Carlos Goggi vuelve a poner en el centro del debate la defensa de la dignidad profesional de los abogados y la vigencia de la Ley de Honorarios (27.423). Las entidades de la abogacía remarcan que no está en discusión la independencia judicial, sino la obligación de respetar la ley y los precedentes.
La Asociación Civil denunció que el proyecto de "Ley de Modernización Laboral" no fue debatido públicamente y generará una destrucción masiva de empleos de calidad, beneficiando únicamente a los grandes grupos económicos concentrados.
El autor es Abogado UNLP . Asesor sindical . Director comisión derecho colectivo asociacion laboralistas platenses. Miembro instituto derecho laboral Colegio Publico. Diplomado derecho colectivo Untref . Maestrando derecho laboral Uba . Docente.
Separado de su pareja, P. se enteró de que padecía una enfermedad terminal. En un audio a su abogado, certificado luego ante un escribano, le pidió protegerla. Tras su muerte, el hermano intentó excluir a la viuda de la herencia. La Corte Provincial, por mayoría, tuvo en cuenta la voluntad de reconciliación y cuidado del fallecido hacia su esposa, y rechazó el planteo.
El dato surge de las denuncias recibidas por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte en 2024. Hubo 3484 personas denunciadas y la justicia dictó 4474 medidas preventivas.