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Alejandro CarranzaEl pasado viernes, la XXII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana culminó en República Dominicana con la adopción de la "Declaración de Santo Domingo", un documento que establece una clara hoja de ruta hacia una justicia centrada en las personas. Este importante evento reunió a representantes de los poderes judiciales de 23 naciones, destacando la presencia del secretario decano de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Damián Font, y de la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero.
La Declaración de Santo Domingo es el resultado de un compromiso colectivo por parte de los países participantes para promover y fortalecer un sistema judicial que priorice las necesidades de la ciudadanía. Entre las recomendaciones adoptadas se encuentran la actualización del mapa judicial iberoamericano, la innovación y digitalización de procesos, y la promoción de la igualdad de género y de los derechos ambientales.
Durante la Cumbre, se conformaron diversas comisiones de trabajo. Por parte de Argentina, el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, asumió un papel en la Comisión Iberoamericana de Justicia Medioambiental, junto a otros representantes argentinos en distintas comisiones, que abordarán temas de relevancia como la ética judicial y la educación para la justicia.
La necesidad de abrazar las nuevas tecnologías fue un tema central en la Cumbre. Brasil propuso “Inteligencia Artificial y Justicia” como eje temático, resaltando que este avance tecnológico impacta los procedimientos judiciales y plantea nuevos desafíos en ámbitos como la ética y la privacidad. Esta temática se desglosó en varios subtemas, que van desde el uso de inteligencia artificial en la administración judicial hasta cuestiones relacionadas con el derecho penal.
La "Declaración de Santo Domingo" hace un llamado a todos los Poderes Judiciales de Iberoamérica a adoptar principios que integren productos axiológicos en sus procesos de planificación. Se enfatiza la importancia de fortalecer el Estado democrático de derecho, asegurando que la justicia sea transparente, equitativa y centrada en las personas.
El documento concluye destacando los retos que enfrentan el Estado de derecho y las instituciones en el presente, y promete un esfuerzo conjunto y sin descanso de los poderes judiciales para garantizar una justicia que respete la dignidad y los derechos de los ciudadanos. Este mensaje de unidad y acción se transforma en un compromiso ante las crecientes inquietudes sobre la transparencia y la equidad en los sistemas judiciales de la región.
La Cumbre Judicial Iberoamericana, un foro esencial para la cooperación entre las naciones de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, se reafirma como un espacio clave para discutir y abordar las reformas necesarias para garantizar una justicia inclusiva, oportuna y confiable. Con un enfoque renovado, esta edición ha sentado las bases para una colaboración más efectiva en el ámbito judicial, primordial para el fortalecimiento de la democracia y los derechos en Iberoamérica.
