Un caso de justicia restaurativa en el fuero penal juvenil: cuando el daño se repara fuera del castigo

Un caso reciente en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata muestra cómo la justicia restaurativa puede ofrecer respuestas concretas, humanas y transformadoras ante hechos graves que involucran a adolescentes. La historia fue publicada por la periodista Mariana Carbajal en Página/12 y revela una experiencia inusual: una denuncia por abuso sexual con final alternativo al punitivismo.

El hecho ocurrió en 2021 entre dos estudiantes del último año de secundaria. La joven denunció que su compañero, de su misma edad, se había quitado el preservativo durante una relación sexual consentida —una práctica conocida como stealthing, que ya está penada en algunos países— y que luego la sometió a situaciones de hostigamiento, tocamientos no consentidos en espacios públicos y persecución escolar. La situación derivó en una denuncia judicial y una medida de restricción.

El proceso penal avanzó en el fuero juvenil, pero se encontró con un límite habitual en este tipo de casos: una prueba endeble y un pronóstico de pena leve, en caso de condena. La abogada del Niño, Fabiana Rogliano, propuso entonces una alternativa: trabajar con la Fundación Acción Restaurativa Argentina (FARA), especializada en procesos que privilegian la asunción de responsabilidad y la reparación del daño por sobre la sanción tradicional.

El enfoque restaurativo, impulsado por FARA, incluyó meses de trabajo interdisciplinario con el joven denunciado: psicólogos, trabajadores sociales, abogados y mediadores lo acompañaron en un proceso de revisión profunda de sus actos. “Lo primero es que los chicos asuman su responsabilidad. Trabajamos con la verdad histórica y la verdad real, que no siempre es la que se puede probar en un juicio”, explicó Silvina Paz, cofundadora de FARA y funcionaria de la Suprema Corte bonaerense.

Uno de los objetivos centrales fue desarmar las narrativas justificatorias del agresor, que al comienzo minimizaba el hecho y negaba la falta de consentimiento. Con preguntas abiertas, ejercicios reflexivos y trabajo sobre las masculinidades hegemónicas, logró finalmente reconocer que actuó en contra de la voluntad de la denunciante. Paralelamente, comenzó a asumir nuevas responsabilidades: buscó empleo, se inscribió en cursos de formación y revisó sus vínculos afectivos.

Recién entonces, se le propuso a la joven denunciante reabrir el canal de comunicación. Con el acompañamiento de sus padres y su abogada, aceptó asistir a FARA y finalmente recibió, en noviembre de 2024, una carta de disculpas. “Me pidió perdón, me dijo que no había sido su intención lastimarme y que no lo volvería a hacer. Me pareció sincero”, declaró ella a Página/12.

La causa penal se cerró con un informe de la fundación. “Si el proceso judicial hubiera seguido, podía terminar en una absolución. Y eso habría generado más daño: la sensación de impunidad para ella, y de que no pasó nada para él. Este camino permitió una comprensión real del daño y la posibilidad de un cambio auténtico”, explicó Rogliano.

El caso pone en primer plano la necesidad de pensar alternativas al castigo, sobre todo en el ámbito juvenil, donde el objetivo no puede ser solo sancionar, sino prevenir la reiteración y promover vínculos más sanos y responsables. También revela la potencia de una justicia que escucha, que repara y que no renuncia a la verdad, aunque no siempre pueda producir una condena.

Fuente: Página/12