
Durante la feria judicial de julio de 2025, la OVD atendió a 627 personas
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
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En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Noticias21/05/2025El pasado viernes, la XXII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana culminó en República Dominicana con la adopción de la "Declaración de Santo Domingo", un documento que establece una clara hoja de ruta hacia una justicia centrada en las personas. Este importante evento reunió a representantes de los poderes judiciales de 23 naciones, destacando la presencia del secretario decano de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Damián Font, y de la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero.
La Declaración de Santo Domingo es el resultado de un compromiso colectivo por parte de los países participantes para promover y fortalecer un sistema judicial que priorice las necesidades de la ciudadanía. Entre las recomendaciones adoptadas se encuentran la actualización del mapa judicial iberoamericano, la innovación y digitalización de procesos, y la promoción de la igualdad de género y de los derechos ambientales.
Durante la Cumbre, se conformaron diversas comisiones de trabajo. Por parte de Argentina, el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, asumió un papel en la Comisión Iberoamericana de Justicia Medioambiental, junto a otros representantes argentinos en distintas comisiones, que abordarán temas de relevancia como la ética judicial y la educación para la justicia.
La necesidad de abrazar las nuevas tecnologías fue un tema central en la Cumbre. Brasil propuso “Inteligencia Artificial y Justicia” como eje temático, resaltando que este avance tecnológico impacta los procedimientos judiciales y plantea nuevos desafíos en ámbitos como la ética y la privacidad. Esta temática se desglosó en varios subtemas, que van desde el uso de inteligencia artificial en la administración judicial hasta cuestiones relacionadas con el derecho penal.
La "Declaración de Santo Domingo" hace un llamado a todos los Poderes Judiciales de Iberoamérica a adoptar principios que integren productos axiológicos en sus procesos de planificación. Se enfatiza la importancia de fortalecer el Estado democrático de derecho, asegurando que la justicia sea transparente, equitativa y centrada en las personas.
El documento concluye destacando los retos que enfrentan el Estado de derecho y las instituciones en el presente, y promete un esfuerzo conjunto y sin descanso de los poderes judiciales para garantizar una justicia que respete la dignidad y los derechos de los ciudadanos. Este mensaje de unidad y acción se transforma en un compromiso ante las crecientes inquietudes sobre la transparencia y la equidad en los sistemas judiciales de la región.
La Cumbre Judicial Iberoamericana, un foro esencial para la cooperación entre las naciones de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, se reafirma como un espacio clave para discutir y abordar las reformas necesarias para garantizar una justicia inclusiva, oportuna y confiable. Con un enfoque renovado, esta edición ha sentado las bases para una colaboración más efectiva en el ámbito judicial, primordial para el fortalecimiento de la democracia y los derechos en Iberoamérica.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
Una denuncia por abuso sexual entre adolescentes, marcada por el stealthing y el hostigamiento escolar, derivó en un inédito proceso de justicia restaurativa en La Plata. Sin juicio ni condena penal, el enfoque apuntó a la asunción de responsabilidad, la reparación del daño y la prevención de nuevas violencias.
El máximo tribunal contradice a la Cámara Federal y complica la situación del magistrado designado por el presidente Milei.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
El tribunal interamericano afirmó que el cuidado constituye un derecho humano autónomo, con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Los Estados deben garantizarlo de manera progresiva y con enfoque de igualdad.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.