Honorarios en disputa: la abogacía reclama respeto a la ley y advierte sobre prácticas judiciales que lesionan derechos profesionales

La abogacía organizada cuestiona la insistencia en declarar de oficio esa inconstitucionalidad y advierte sobre dilaciones y perjuicios para justiciables y profesionales; el tema, dicen, va más allá de Goggi y apunta a la vigencia real de la normativa arancelaria.

En un nuevo capítulo de una controversia ya presente en los tribunales, el juez civil Carlos Goggi decretó la inconstitucionalidad de la Ley de Honorarios Profesionales (Ley 27.423) en un caso puntual, señalando que el régimen vigente —con la UMA como base de cálculo— es inequitativo y no responde a la realidad económica de los litigantes, postura provocó alarma en el Consejo de la Magistratura, que lo citó para que explique sus motivaciones y contempló la posibilidad de su remoción.

La abogacía organizada —CPACF, FACA y AABA— respondió con un comunicado conjunto, aclarando que “no se está cuestionando el contenido de las sentencias de ese magistrado, ni el ejercicio de su actividad jurisdiccional, sino su reiterada conducta de insistir porfiadamente en la inconstitucionalidad de la ley 27.423, criterio que ha sido dejado de lado por los tribunales superiores en numerosísimos casos”.

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación, presidida por un representante del sector del estamento de la abogacía, César Grau, llevó a cabo una sesión ordinaria para abordar denuncias y expedientes en curso

La citación generó divergencias en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura: asociaciones de magistrados advirtieron sobre un posible avasallamiento a la independencia judicial, mientras que los colegios profesionales recalcaron que el foco está en la insistencia de declarar de oficio la inconstitucionalidad de la ley, criterio ya descartado reiteradamente por tribunales superiores.

CPACF, FACA y AABA destacan que esa práctica no solo genera dilaciones procesales y dispendio de recursos judiciales, sino que también perjudica a profesionales y a los justiciables. Señalan que nada impide expresar una opinión personal, pero corresponde acatar lo resuelto pacíficamente por la Alzada; lo contrario, advierten, socava la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en la justicia.

En este marco, la defensa de los honorarios ocupa un lugar central. La abogacía denuncia que, en varios casos, jueces regulan montos por debajo de los mínimos legales, violando la normativa arancelaria, lo que constituye “un incumplimiento legal que lesiona gravemente la dignidad profesional y afecta el normal desenvolvimiento de la justicia”.

El debate excede el fallo de Goggi: se discute la vigencia real de la Ley de Honorarios y el respeto a la tarea de quienes sostienen el servicio de justicia. Si bien la independencia de los jueces es un principio irrenunciable, no puede convertirse en excusa para avalar conductas que entorpezcan procesos o desconozcan normas vigentes.

La abogacía lo resume: defender los honorarios es defender la ley, la dignidad profesional y la salud del sistema judicial.

Contexto y alcance
Fallo de Goggi (16 de mayo de 2025), en el caso “González, Hernando Ariel c/ Riva, Ricardo Hernán s/ cumplimiento de contrato”, optó por aplicar la ley anterior en lugar de la vigente, argumentando desigualdad en la comparación con los honorarios periciales, impacto inflacionario y falta de proporcionalidad en la actualización de la UMA, reabriendo un conflicto estructural.
En la Comisión de Disciplina hubo diferencias: César Grau, representante de los abogados, impulsó la citación conforme a la normativa de remoción por este tipo de violaciones, mientras que otros consejeros, como Alberto Lugones, sugirieron posponer la medida y sostener la facultad de declarar inconstitucional una norma, incluso de oficio.

Conclusión
Este episodio, más allá del caso Goggi, plantea una tensión entre la autonomía judicial y el respeto al marco normativo y a los derechos profesionales. Las entidades legales advierten que hacer prevalecer criterios personales sobre normas claras podría socavar la dignidad de la abogacía y la estabilidad del sistema judicial. Defender los honorarios, sostienen, es defender la ley, la dignidad profesional y la confianza en la justicia como servicio público.