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El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, expresó que el Ministerio Público Fiscal se vería impedido de cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos que tramitan ante el fuero nacional, en detrimento de los intereses por los que tiene que velar.
Noticias03/02/2025
Alejandro Carranza
La reciente comunicación del Procurador General de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal, al Presidente de la Corte Suprema, Dr. Horacio Rosatti, ha puesto de relieve las preocupaciones sobre la actuación de los fiscales nacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fallo del Tribunal en el caso "Ferrari c/ Levinas" ha generado un debate sobre la viabilidad de una política criminal coherente, al limitar la capacidad de los fiscales nacionales para impugnar decisiones de tribunales locales.
Casal argumenta que la decisión del Tribunal crea una situación de inhabilitación para los fiscales nacionales, quienes se ven obligados a presentar recursos extraordinarios ante el Tribunal Superior de Justicia porteño antes de poder impugnar sentencias. Esta restricción no solo afecta la legitimidad procesal de los fiscales, sino que también interfiere en su capacidad para defender los intereses sociales que deben proteger.
La falta de coordinación entre los ministerios públicos nacional y local podría resultar en una fragmentación de criterios y en la frustración de esfuerzos para implementar políticas criminales efectivas. La Procuración General ha solicitado la suspensión de la aplicación del fallo hasta que se resuelva la inhabilitación, enfatizando la necesidad de un marco normativo que permita una actuación unificada y coherente en la defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad.
La situación plantea interrogantes sobre la administración de justicia en el país y la capacidad del sistema judicial para funcionar de manera efectiva en un contexto de creciente complejidad legal. La comunidad espera que se tomen decisiones que aseguren la integridad y la eficacia del Ministerio Público Fiscal en su misión de proteger los derechos de todos los ciudadanos.
¿Qué consecuencias perjudiciales se enumeran respecto al desempeño del Ministerio Público Fiscal?
1. Limitación en la impugnación: El Ministerio Público deberá presentar un recurso extraordinario ante el Tribunal Superior de Justicia porteño antes de impugnar sentencias de cámaras nacionales, lo que afecta su capacidad de acción.
2. Inhabilitación para actuar: No se reconoce la legitimidad procesal de los fiscales nacionales para intervenir ante tribunales locales, lo que trunca su capacidad de impugnación plena.
3. Obstáculo para una política criminal coherente: La intervención del ministerio público local podría frustrar los criterios de actuación de los fiscales nacionales, afectando la unidad de actuación y la administración de justicia.
¿Por qué se considera que la actuación mixta de fiscales nacionales y locales podría obstaculizar una política criminal coherente?
La actuación mixta de fiscales nacionales y locales podría obstaculizar una política criminal coherente porque cada ministerio público se rige por criterios de actuación propios, lo que puede generar conflictos y falta de coordinación. Esto podría frustrar los esfuerzos de los fiscales nacionales, quienes dependen de una unidad de actuación para implementar políticas efectivas. Además, la intervención simultánea de diferentes instituciones dificulta el establecimiento de criterios claros y consistentes en el proceso judicial.
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