Inteligencia artificial en el derecho: ¿Cuáles son sus beneficios?

Tecno 01 de abril de 2022 Por Fernando Martín
Quizás hoy reconocemos con más facilidad el concepto de los algoritmos inteligentes que determinan el funcionamiento de ciertas tecnologías. Pero si hablamos de la inteligencia artificial (IA) en el derecho, nos podemos ir hasta los años 70, donde fue mencionado por primera vez.
Inteligencia-artificial-ambito-legal
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El estudio que hizo posible esta aplicación fue publicado ese año por Buchanan y Headrick, bajo el nombre Some Speculation about A.I. reasoning (Algunas especulaciones sobre el razonamiento de la IA)

En su documento, plantean de modo directo la cuestión de si el razonamiento jurídico es o no posible a través de una computadora y abrieron un campo que se ha ido desarrollando en torno a cuatro elementos: 

Búsquedas en bases de datos legales y jurisprudenciales.
Gestión y redacción documental.
Formulación de dictámenes y resolución de casos.
Elaboración de teorías, dogmas y sistemas jurídicos.

Hoy en día, este campo ha vuelto a ponerse de moda con los avances conseguidos en el aprendizaje automático y, en particular, en el aprendizaje profundo. Ambos, particularmente beneficiosos para el sector legal.

En el ámbito del derecho, este debe ser el objetivo: encontrar patrones comunes que ayuden a la toma de decisiones, para poder analizar los resultados comparados con los objetivos deseados.

Inteligencia artificial en el derecho: ¿Qué es?
Ahora, la inteligencia artificial en el derecho basa su funcionamiento en las ciencias de la computación, y la posibilidad de crear máquinas capaces de realizar tareas complejas similares a la inteligencia humana.

En el sector legal, está identificado a través de un espectro comprensivo y analítico, que podría facilitar, desde la conclusión de un caso complejo, hasta organizar las labores tediosas de un despacho jurídico. En general, puede definirse como la parte de la informática y el derecho, orientada a la obtención de resultados.

En otras palabras, la IA no pretende más que explicar e imitar, mediante procedimientos computacionales, facetas de la inteligencia humana. De modo específico, estas facetas incluyen el aprendizaje (la adquisición de información y reglas para utilizarla), el razonamiento (uso de las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas) y la autocorrección. 

¿Por qué implantar IA aplicada al derecho?
Tal como lo mencionamos, la primera relación entre la inteligencia artificial y el derecho fue realizada por Buchanan y Headrick en 1970. Desde entonces, ha habido múltiples trabajos y análisis sobre esta especialidad. 

El objetivo principal es proporcionar una herramienta para el análisis jurídico mediante el uso de técnicas de inteligencia artificial. Para ello, se están llevando a cabo diferentes investigaciones: sistemas expertos, procesamiento del lenguaje natural, bases de conocimiento o motores de búsqueda inteligentes son algunos ejemplos que se desarrollan dentro de este campo.

El tema ha ido evolucionando desde el punto de vista científico, pero también desde el de la aplicación. De hecho, a pesar de ser una especialidad muy reciente, ya es posible encontrar temas jurídicos que pueden ser resueltos con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial.

Podríamos decir que la aplicación de la IA al derecho tiene dos objetivos principales:

Busca facilitar la accesibilidad a la información jurídica
Pretende simplificar y automatizar todo o parte del proceso de razonamiento jurídico.
En la actualidad no existe ningún sistema capaz de resolver un problema jurídico de principio a fin, pero se está trabajando en el desarrollo de sistemas cada vez más sofisticados.

En los últimos años se ha producido un gran avance en estas disciplinas, lo que ha provocado la creación de nuevas subdisciplinas, como la ya conocida informática jurídica.

En concreto, los avances se han orientado hacia varias áreas:

Modelos para la argumentación y la toma de decisiones.
Clasificación y extracción de entidades a partir de textos jurídicos.
Extracción de información de textos jurídicos.
Creación y planificación de un sistema legislativo.
Se desarrollaron varios prototipos, pero sólo para dar solución a problemas únicos o para aplicarlo a una materia jurídica específica. 

Por tanto, su uso no puede ser extensible a cualquier otro campo jurídico. Además, son incapaces de resolver casos jurídicos complicados o de interpretar el lenguaje jurídico.

Inteligencia artificial en el derecho: Principales problemas que puede generar
La probabilidad de crear tecnologías para resolver determinados problemas depende de tres factores aplicables al sistema: 

Ser capaz de comprender la consulta realizada por el usuario en un lenguaje natural.
Que exista una programación informática con el conjunto de normas aplicables del derecho. 
Que esté capacitado para relacionar la consulta con este conjunto de reglas y, de este modo, reconocer las posibles opciones, confeccionar las conclusiones y brindar las posibles respuestas al usuario.
Interpretación del lenguaje humano realizada por el sistema
Las técnicas de procesamiento del lenguaje natural (PNL) han progresado mucho en los últimos años. 

Los ordenadores, hoy en día, pueden entender las consultas realizadas por humanos sin que necesiten usar complejos programas para hacerlo. 

Pero, como bien es sabido por los juristas, el lenguaje jurídico suele ser difícil de entender al tener ciertas características propias. Esto puede dificultar la comprensión de las consultas:

Vaguedad: Falta de precisión en los términos que se utilizan.
Ambigüedad: Cuando una palabra, una frase o una oración puede tener más de un significado.
Textura abierta: Es la posibilidad de que haya dudas sobre cómo aplicar los términos con los que se define una norma a situaciones futuras, porque en la actualidad pueden tener un significado diferente al del futuro.
Codificación del derecho
El siguiente problema a resolver en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial para el ámbito jurídico, puede ser uno de los más difíciles: hacer que las normas y directrices jurídicas sean “comprensibles” para las máquinas que las utilicen.

Hasta la fecha, es un obstáculo que no se ha podido superar. La razón es más o menos obvia: los ordenamientos jurídicos, en primer lugar, son específicos de cada Estado y, en segundo, las normativas suelen ser ambiguas, contradictorias y estar incompletas.

Crear un sistema de reglas capaz de ser entendido por un ordenador es difícil debido a la complejidad inherente del lenguaje jurídico.

Capacidad del sistema para sacar conclusiones
Existe otra dificultad complicada de resolver. Es la capacidad del sistema a la hora de procesar los hechos, proposiciones o principios introducidos por el usuario para que, a partir de estos, pueda interpretarlos, razonarlos y sacar conclusiones que ofrezcan respuestas lógicas en un tiempo razonable.

Esta tecnología, denominada “motor de inferencia”, todavía no alcanza un nivel de rendimiento mínimamente aceptable.

En particular, los algoritmos utilizados no pueden dar respuesta jurídica a situaciones ambiguas o donde existan lagunas jurídicas. Por ejemplo:

Casos con difícil aplicación de las regulaciones, porque es complicado aplicar norma alguna al carecer de regulación, estar ante situaciones contradictorias o que exista una falta de precisión en los conceptos que se deban utilizar.
Casos difíciles de dar respuesta, al estar condicionado su resultado a la forma de entenderlos e interpretarlos.
Casos complicados por diversas razones ajenas al derecho, como su posible trascendencia política o social.
Casos que plantean muchas dudas sobre la calificación jurídica de los hechos.
Casos difíciles a un nivel moral y social, porque se pueden producir resultados correctos -jurídicamente hablando-, pero a todas luces injustos.
Es por ello que los únicos sistemas de inteligencia artificial aplicados hoy en día al derecho, en países como China o Estonia, están aplicados en áreas donde se resuelvan casos sencillos, cotidianos y que no tengan más de una interpretación posible. 

La aplicación actual de la inteligencia artificial en el derecho y perspectivas futuras
Para intentar superar estos retos y ofrecer a los juristas información útil en su toma de decisiones o el desempeño de su trabajo diario -a través de sistemas de inteligencia artificial- son necesarios dos elementos: modelos que empiezan a utilizar la lógica jurídica en los sistemas de recuperación de información, a través de algoritmos que procesan el lenguaje natural, y algoritmos genéticos para entrenar a los motores de búsqueda.

Estos sistemas tienen su base en una combinación de tres elementos:

Reconocimiento del lenguaje natural, aplicando técnicas de reconocimiento de conceptos y expresiones jurídicas, gracias al uso de bases de datos de sinónimos (big data).
Sistemas que codifican criterios que son relevantes en la esfera jurídica, a través de los metadatos disponibles en la documentación aportada a la base de datos.
Anticipación de los resultados a través de sugerencias, que pueden ser depuradas y optimizadas gracias a la realización de búsquedas refinadas.
Estos avances, que actualmente tienen un alto grado de optimización, permiten a los usuarios obtener información jurídica de forma eficaz.

Aun así, todavía falta mucho para la creación de un sistema complejo que permita, a través de la introducción de información jurídica, obtener resultados con alternativas diversas, lógicas y relevantes.

Invertir en IA o esperar
Que las máquinas sustituyan a los jueces o a los abogados parece poco probable, en un futuro próximo. Eso sí, países como China y Estonia ya lo han puesto en marcha, pero han aclarado que solo ejecutan estos sistemas para procesos judiciales simples donde no caben múltiples interpretaciones.

Dado que los jueces tienen en cuenta muchos factores a la hora de tomar una decisión, es difícil codificar estos factores en un sistema informático. Por ejemplo, si la declaración de un testigo parece cierta o si hacen falta o no más pruebas para tomar la decisión.

Además, es complicado que una máquina responda a preguntas nunca antes contempladas por un ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la falta de precedentes en un caso determinado.

¿Pero se podría a través del uso de la inteligencia artificial en el derecho elaborar aplicaciones y herramientas de apoyo para los juristas? Esto parece mucho más probable a corto y medio plazo. 

Aunque los beneficios de estos sistemas de apoyo a la toma de decisiones son innegables, hay que señalar también algunos de los inconvenientes:

Alto coste: En principio, sólo las grandes firmas de abogados, empresas e instituciones podrán tener acceso a esta tecnología a corto plazo.
Esfera de ayuda solo local: Estos sistemas sólo podrán ayudar en el ámbito local, de un país concreto, dado que los ordenamientos jurídicos de cada nación son distintos.
Elección de criterios: ¿Hará caso el profesional jurídico a los resultados ofrecidos por la inteligencia artificial o a su propio criterio?
Con base en todo esto, cabe preguntarse: 

¿Cómo transformará la inteligencia artificial a las firmas de abogados?
 ¿Cómo afrontarán las firmas este nivel de transformación gracias al uso de nuevas tecnologías que, aún conllevando una gran inversión, serán necesarias para el desarrollo de su trabajo?
¿Qué nuevos servicios podrán ofrecer las firmas de abogados a sus clientes a través de la inversión y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial?

Fuente: Blog de Lemontech (https://blog.lemontech.com/)

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