
Durante la feria judicial de julio de 2025, la OVD atendió a 627 personas
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
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Los hutíes de Yemen, apoyados por Irán, asaltaron el sábado la sede del Colegio de Abogados en Saná y secuestraron al presidente de la organización.
Fuentes privadas dijeron al medio local YemenShabab.net que miembros del grupo hutí asaltaron la sede del sindicato y secuestraron a su presidente, Abdullah Rajeh, y lo llevaron a un destino desconocido.
El Colegio de Abogados no ha hecho ningún comentario.
El organismo había anunciado recientemente su intención de celebrar una reunión para debatir las violaciones a las que están siendo sometidos los abogados por parte de personas influyentes en las instituciones judiciales controladas por los hutíes o por dirigentes de las milicias.
El martes pidió al Ministerio del Interior, dirigido por los hutíes, que protegiera su sede y garantizara la seguridad de la reunión.
La reunión del Colegio de Abogados era la primera de este tipo destinada a mitigar las violaciones a las que están expuestos los abogados. Iba a ser la primera acción gremial contra la corrupción en Sanaa.
Los Hutíes
El grupo militar insurgente toma su nombre de Husein Badrudin al Huti, su anterior comandante, muerto por las Fuerzas Armadas de Yemen en septiembre de 2004.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Una denuncia por abuso sexual entre adolescentes, marcada por el stealthing y el hostigamiento escolar, derivó en un inédito proceso de justicia restaurativa en La Plata. Sin juicio ni condena penal, el enfoque apuntó a la asunción de responsabilidad, la reparación del daño y la prevención de nuevas violencias.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
El tribunal interamericano afirmó que el cuidado constituye un derecho humano autónomo, con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Los Estados deben garantizarlo de manera progresiva y con enfoque de igualdad.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.