La abogacía bonaerense presentó una acción de inconstitucionalidad contra el DNU de Milei
Firmado en conjunto por COLPROBA y la Caja de previsión. "Violenta la división de poderes del Estado" afirmaron
Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
Fueron Vilma Ibarra y el CELS. "Un DNU debe ser confeccionado, dictaminado y firmado por funcionarios públicos", aseguró la ex secretaria Legal y Técnica. "Si se comprueba que el DNU no lo trabajaron funcionarios sino abogados de estudios privados, es una grave causal de nulidad", completó Ibarra.
Noticias 18/01/2024 TELAMLa exsecretaria Legal y Técnica (SLYT) Vilma Ibarra cuestionó este miércoles la "validez" del DNU 70/23 por haberse dictado "sin informes técnicos" de los ministerios y consideró que si "se comprueba que el DNU no lo trabajaron funcionarios, sino abogados de estudios privados, es una grave causal de nulidad".
"En el DNU 70/23 no participaron los ministerios, no emitieron informes técnicos que expliquen el interés público comprometido ni hicieron dictámenes jurídicos", explicó Ibarra en un extenso mensaje en la red social X y consideró que saber quiénes lo redactaron es "central porque se pone en juego la validez del DNU como acto administrativo".
Ibarra retoma un pedido de información pública, realizado el 22/12/2013 por la Coordinadora de Abogades de Interés Público (CAIP) en la cual "el PEN está admitiendo que se violó la ley de Procedimientos Administrativos 19.549 (art. 7)" porque el DNU 70/23 "se dictó sin informes técnicos ni dictámenes jurídicos de los ministerios ni de la SLYT".
"Un DNU debe ser confeccionado, dictaminado y firmado por funcionarios públicos", aseguró la ex secretaria Legal y Técnica porque "estos están sometidos a los controles de la ley de Ética Pública y deben presentar cada año una declaración jurada patrimonial pública y esto nos permite conocer su evolución patrimonial", apuntó.
Ante la respuesta del PEN a la solicitud de información pública, Ibarra deduce que "si se comprueba que el DNU no lo trabajaron funcionarios sino abogados de estudios privados, es una grave causal de nulidad", porque "los estudios jurídicos privados están para asesorar a los privados y no para redactar decretos del PEN".
Si ese fuera el caso, alentó a "investigar posibles hipótesis delictivas por corrupción ¿Quién les paga o les pagó? ¿Les retribuyen con los beneficios que algunos obtendrán con la aplicación del DNU? También deberá investigarse el posible incumplimiento de deberes de funcionarios".
Ibarra destacó que los procedimientos administrativos "no son meras formalidades, sino que son requisitos exigidos para que los actos administrativos estén avalados con la firma de funcionarios responsables de su legalidad, con informes técnicos que los sustentan y justifican".
"Estas violaciones legales graves traen aparejada la nulidad del DNU conforme nuestra ley de Procedimientos Administrativos Nro. 19.549 (art. 14)", explicó Ibarra y agregó que además "existen muchos motivos que también determinan su inconstitucionalidad: Ni necesidad ni urgencia, avasallamiento de la división de poderes y sometimiento total del Congreso de la Nación al PEN", concluyó.
El DNU70/23, según la CAIP y el CELS
Al respecto, la Coordinadora de Abogades de Interés Público explicó en su cuenta de X que el "Ejecutivo Nacional confirmó que el DNU 70/23 no se respalda en ningún informe técnico ni dictamen jurídico y que no existe ninguna vinculación entre la Administración pública y Federico Sturzenegger, quien se jacta de ser autor del proyecto", según recibió la respuesta a su consulta de información pública por parte del Gobierno nacional.
El decreto "que analiza la Comisión Bicameral del Congreso es NULO, de nulidad absoluta", aseguran desde CAIP e informaron de esto al plenario de comisiones y jefes de bloque del Congreso de la Nación que están analizando el documento y "a quienes reclamamos que de inmediato le pongan un freno a la barbarie rechazando este decreto".
En el mismo sentido el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se hizo eco de esta información y aseguró en la misma red social que "saber quiénes escribieron el DNU 70/23 de Milei es central para determinar si hubo participación de privados que tengan algún conflicto de interés. La falta de informes técnicos y dictámenes es otra irregularidad que podría derivar en la nulidad del decreto".
Firmado en conjunto por COLPROBA y la Caja de previsión. "Violenta la división de poderes del Estado" afirmaron
Damián Barbosa, presidente de la Asociación de Penalistas Litigantes Independientes (APLI) entregó la petición. "La inmediación directa es imprescindible, porque es la única manera de asegurarle a las partes (imputados y damnificados) el acceso a la justicia" destacaron en la nota.
El Ministerio de Justicia impulsa la implementación de tecnología para mejorar los procesos judiciales en favor de la ciudadanía.
El representante del Ministerio Público se expidió en el marco de una acción iniciada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal contra la norma dictada por el Poder Ejecutivo Nacional que limita los alcances de la Ley N°27.423 de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia.
Es en el ámbito de la Cámara de Apelaciones de Rosario a partir de las 00:00h del lunes 18 de marzo. Horacio Rosatti viajó de urgencia a Rosario y se reunió con los camaristas mientras que el Procurador general de la Nación pidió una prórroga.
El presidente de la Corte Suprema envía un mensaje ambiguo sobre el equilibrio entre política y justicia, según Página 12
Lo hizo a través de una declaración de los 20 colegios departamentales de la abogacía bonaerense donde señalan la gravedad institucional de las vacancias en el poder judicial bonaerense.
La Asociación de Abogadas/os Laboralistas Platenses denuncia que la Justicia Laboral de Buenos Aires enfrenta una crisis sin precedentes: demoras, falta de recursos y escasez de jueces amenazan los derechos de los trabajadores. Carta documentoa Kicillof y nota reiteratoria a Juan Martín Mena, ministro de justicia bonaerense.
Una inédita alianza radical-peronista enfrentará al frente independiente cercano al oficialismo e integrado por diversas agrupaciones. Habrá dos listas libertarias
Denuncian "desintegración permanente de los tribunales de trabajo". Lo interpusieron Julio César Nuñez -candidato a presidir el CALP, Eduardo Curuchet y Gastón Valente presidente de la Asociación de Laboralistas platenses. Piden informes a Kicillof, al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de justicia y al senado provinciales.