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Lo publicó a través de la Secretaría de Jurisprudencia. Es un nueva compilación de los pronunciamientos más relevantes en la materia.
Judicial23/05/2024 Redacción
La Secretaría de Jurisprudencia de la Corte elaboró el suplemento “Libertad de expresión II: Doctrina “Campillay”, que incluye hipervínculos a la base online institucional y compila los pronunciamientos y expresiones más relevantes del Tribunal en esta materia.
La noción sobre el derecho a la libertad de expresión, los requisitos para la aplicación de la doctrina “Campillay” y su relación con la real malicia, son algunos de los ejes que se desarrollan en el documento.
“La función primordial que en toda sociedad moderna cumple el periodismo supone que ha de actuar con la más amplia libertad, pero el ejercicio del derecho de informar no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de la integridad moral y el honor de las personas”, señala el documento al citar a la Corte.
Asimismo, recuerda que el Máximo Tribunal ha dicho: “Un enfoque adecuado a la seriedad que debe primar en la misión de difundir noticias que puedan rozar la reputación de las personas -admitida aún la imposibilidad práctica de verificar su exactitud- impone propalar la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando un tiempo de verbo potencial o dejando en reserva la identidad de los imputados en el hecho”.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
El organismo destacó el trabajo de la Oficina de la Mujer de la CSJN en la lucha contra la violencia de género en la región.
Lo hará a través de su Dirección de Asuntos Contenciosos. Hasta ahora ese rol lo cumplía exclusivamente el Ministerio de Justicia.
Juzgado ordena múltiples medidas para efectivizar el cobro de la cuota alimentaria, incluyendo el embargo de bienes muebles no registrables. Juzgado CCCyTyF de Huinca Renancó, Prov.. de Córdoba, en autos: “A., D. D. – R., A. B. – HOMOLOGACIÓN. Juez interviniente, Lucas Ramiro Funes
Así lo informó la CSJN en su informe semestral de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) y refleja la cantidad de niños, niñas y adolescentes con causas y/o medidas de privación de la libertad dispuestas entre enero y junio de 2024 en la Justicia Nacional de Menores.
Así se desprende de un reporte de la fiscalía especializada a cargo del fiscal general Alberto Gentili. El documento refiere "un notorio incremento" respecto de igual periodo de 2023, cuando se registraron 8 casos. Las muertes se produjeron en 10 establecimientos diferentes. Hubo 9 casos no traumáticos, mientras que 5 fueron traumáticos -3 ahorcamientos- y el restante se encuentra en investigación. El promedio de edad de las personas fallecidas es de 45 años.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
El tribunal interamericano afirmó que el cuidado constituye un derecho humano autónomo, con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Los Estados deben garantizarlo de manera progresiva y con enfoque de igualdad.
La polémica por la conducta del juez civil Carlos Goggi vuelve a poner en el centro del debate la defensa de la dignidad profesional de los abogados y la vigencia de la Ley de Honorarios (27.423). Las entidades de la abogacía remarcan que no está en discusión la independencia judicial, sino la obligación de respetar la ley y los precedentes.