
Los trabajos de infraestructura y equipamiento en las dependencias federales de Bahía Blanca buscan garantizar condiciones operativas para la Oficina Judicial y el funcionamiento del sistema acusatorio.
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Así lo informó la CSJN en su informe semestral de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) y refleja la cantidad de niños, niñas y adolescentes con causas y/o medidas de privación de la libertad dispuestas entre enero y junio de 2024 en la Justicia Nacional de Menores.
Judicial14/08/2024En el primer semestre del año, 907 niños, niños y adolescentes (NNyA) tuvieron causas penales iniciadas en la Justicia Nacional de Menores, lo que representa un descenso del 8% en comparación con igual período de 2023.
El dato surge del informe semestral que elabora la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que registra la información sobre el universo de personas menores de 18 años que transitan por alguna de las instancias judiciales previstas en el régimen penal de la minoridad (Decreto Ley 22.278), tanto en el ámbito del fuero nacional de menores como en el fuero federal.
El informe también revela que durante el período se iniciaron 920 causas sobre NNyA en la Justicia Nacional de Menores, un 16,7% menos que en igual período del año anterior.
El 90% de los 907 NNyA con causas penales en la Justicia Nacional de Menores son varones, y el 84% de las causas corresponden a delitos contra la propiedad, principalmente distintos tipos de robos (ocho de cada diez). Asimismo, de todos los delitos contra la propiedad registrados, un 38% fueron en grado de tentativa.
En cuanto a la edad de los NNyA involucrados, el 60,1% tenía 16 o 17 años al momento del hecho; un 38% entre 13 y 15, y un 1,9% 12 años o menos. Comparado con el mismo período de 2023, se observa una reducción en la cantidad de menores de 16 años involucrados.
Durante el primer semestre de 2024, 765 NNyA con causas judiciales en la Justicia Nacional de Menores fueron aprehendidos por fuerzas de seguridad con competencia jurisdiccional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e ingresaron al Centro de Admisión y Derivación “Úrsula Llona de Inchausti” (CAD), dependiente de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de la CABA (un 84,3% del total de NNyA con causas judiciales). Esta cifra representa un 7% menos que en el mismo período de 2023. De ellos, 93 recibieron medidas judiciales de privación de libertad, alojamiento en residencias u hospitales.
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El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
El organismo destacó el trabajo de la Oficina de la Mujer de la CSJN en la lucha contra la violencia de género en la región.
Lo hará a través de su Dirección de Asuntos Contenciosos. Hasta ahora ese rol lo cumplía exclusivamente el Ministerio de Justicia.
Juzgado ordena múltiples medidas para efectivizar el cobro de la cuota alimentaria, incluyendo el embargo de bienes muebles no registrables. Juzgado CCCyTyF de Huinca Renancó, Prov.. de Córdoba, en autos: “A., D. D. – R., A. B. – HOMOLOGACIÓN. Juez interviniente, Lucas Ramiro Funes
Así se desprende de un reporte de la fiscalía especializada a cargo del fiscal general Alberto Gentili. El documento refiere "un notorio incremento" respecto de igual periodo de 2023, cuando se registraron 8 casos. Las muertes se produjeron en 10 establecimientos diferentes. Hubo 9 casos no traumáticos, mientras que 5 fueron traumáticos -3 ahorcamientos- y el restante se encuentra en investigación. El promedio de edad de las personas fallecidas es de 45 años.
El buscador de fallos de Tribunales Federales y Nacionales incorporó las sentencias de primera instancia.
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La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora creó un espacio destinado a la capacitación y profesionalización de abogados y abogadas que ejercen funciones en el ámbito estatal.
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