| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
Los principales colectivos de la abogacía argentina salieron al cruce de las declaraciones del ministro de justicia libertario en las que afirmó que los escribanos "necesariamente deben intervenir en otros actos jurídicos, como los que propone el gobierno: divorcios y sucesiones
13/08/2024
Alejandro Carranza
La apertura de la 45° Convención Notarial que se celebró la semana pasada en el Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires y que contó con las palabras del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona trajo preocupación a la abogacía argentina en lo que se interpretó como un nuevo embate del gobierno de Javier Milei contra la abogacía; en efecto, Cúneo Libarona en el cierre de su discurso afirmó "Espero que en el futuro cercano puedan intervenir en otros actos jurídicos que propone el Gobierno, como divorcios y sucesiones, para facilitar los trámites y la vida a la gente", una provocación que el mismo ministerio publicó en su sitio web.
La respuesta de la abogacía no se hizo esperar, aún frescas las declaraciones se celebró en la ciudad bonaerense de Mercedes el Día de los órganos de la Colegiación, un encuentro anual que organiza el colegio local, el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires (COLPROBA) y la Caja de la Abogacía y que congregó a cerca de seiscientos abogadas y abogados era notable el malestar entre la dirigencia y desembocó en un escueto pero firme comunicado de repudio:
El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires rechaza por falsas e inexactas las manifestaciones vertidas por el ministro de Justicia de la Nación Mariano Cuneo Libarona, en relación a las sucesiones notariales y divorcios administrativos, las que restan una vez más importancia a nuestra norma fundamental, minimizan el resguardo de los derechos de los justiciables y violentan la republicana división de poderes.
En los pasillos de hablaba de pasar al contrataque y pedir -ya que se trata de liberalizar - la "apertura del numerus clausus" es decir el cerrado registro de los escribanos, para algunos un "verdadero rezago colonial". La iniciativa ya recogía voluntades para elaborar el proyecto de ley.
Por otra parte el Colegio Público de la Abogacía de Captal Federal (CPACF) también expresó su rechazo: "El CPACF reitera su enfático rechazo a las sucesiones notariales y a los divorcios administrativos. Frente a las declaraciones del Ministro de Justicia, la entidad expresó nuevamente su postura, tal como lo hiciera el Dr. Ricardo Gil Lavedra durante el tratamiento de la ley "Bases", que finalmente no fueron incluidos en el texto aprobado."
También fue parte de las críticas, la Caja de la Abogacía de la provincia de Buenos Aires, su titular Fabián Portillo se expresó en duros términos: “Rechazamos el atropello total de nuestras incumbencias profesionales y no vamos a permitir que avancen contra ellas”, y agregó "vamos a defender el trabajo de los más de 60 mil abogados matriculados en la Provincia".
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
Mientras la conflictividad social se intensifica en Buenos Aires, la justicia enfrenta una acumulación récord de causas penales y civiles. A la falta de recursos y vacantes en el sistema judicial, se suma el retiro del Estado en áreas claves, lo que multiplica los desafíos en la provincia más poblada y diversa del país.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
La segunda edición de este informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes incluye datos estadísticos de los 24 poderes judiciales provinciales y de CABA.