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Cinco personas fueron condenadas por integrar una red dedicada a comercializar un software que facilitaba el acceso ilícito a cuentas de Apple mediante técnicas de phishing. La justicia federal consideró acreditada la existencia de un “delito como servicio” en el ámbito digital.
12/11/2025
Alejandro Carranza
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 7 de Buenos Aires homologó un acuerdo de juicio abreviado por el cual cinco imputados recibieron condenas de entre un año y diez meses y cuatro años de prisión, en el marco de la investigación conocida como “Operación Kaerb”.
El caso fue impulsado por la Procuraduría de Ciberdelincuencia (PROCELAC) y coordinado con organismos internacionales, tras detectar una plataforma digital denominada iServer, que ofrecía a usuarios de distintos países herramientas para desbloquear iPhones robados o extraviados.
Un negocio delictivo global
El sistema, diseñado por un programador santafesino, ofrecía acceso mediante una suscripción mensual —unos 120 dólares— a un conjunto de plantillas y enlaces falsos que replicaban el entorno de iCloud, el servicio de almacenamiento de Apple.
Los clientes del sitio enviaban a las víctimas mensajes apócrifos, generalmente vinculados a la ubicación o recuperación de sus dispositivos. Al ingresar sus credenciales en las páginas falsas, los usuarios entregaban sin saberlo sus datos de acceso, lo que permitía burlar los mecanismos de bloqueo de seguridad y reactivar los teléfonos para su posterior reventa.
La investigación, de alcance transnacional, contó con colaboración judicial y policial de España, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, donde también se identificaron usuarios y comercializadores del sistema.
Condenas y calificación penal
El principal acusado, Iván David Cudde, fue considerado el creador y administrador de la plataforma y recibió una pena unificada de cuatro años y dos meses de prisión efectiva por 4.245 hechos de defraudación mediante manipulación informática, previstos en el artículo 173, inciso 16, del Código Penal Argentino.
Otros cuatro coimputados —Luis Alberto Lurita Albornoz, Denis Gabriel Ghione Silva, Wilmer Alexander Arévalo Aurora y Sebastián Daniel Raijelson— fueron condenados con penas de entre un año y diez meses y tres años, según su grado de participación como intermediarios o revendedores del servicio.
El tribunal destacó que los hechos no sólo lesionaron el patrimonio de las víctimas, sino que además afectaron la confianza pública en los sistemas digitales, configurando una modalidad de criminalidad organizada en el ciberespacio.
Un caso emblemático de “crime-as-a-service”
Los fiscales intervinientes señalaron que “Operación Kaerb” constituye un precedente relevante en la persecución de servicios ilícitos ofrecidos a otros ciberdelincuentes, fenómeno conocido como crime-as-a-service o “delito como servicio”.
Se trata de un modelo en el que una persona o grupo desarrolla herramientas delictivas —malware, scripts de phishing, accesos no autorizados— y las comercializa a terceros que las utilizan para cometer los fraudes.
La investigación permitió desmantelar el funcionamiento de la red, identificar sus fuentes de financiamiento y establecer la responsabilidad penal del creador de la infraestructura digital, más allá de los usuarios finales que la explotaban.
Un llamado a reforzar la prevención
El caso subraya la necesidad de fortalecer la cooperación judicial internacional y la formación especializada en ciberdelitos, tanto en el ámbito del Ministerio Público como entre los abogados y jueces que intervienen en este tipo de causas.
Asimismo, la PROCELAC recordó que los usuarios deben verificar la autenticidad de los enlaces y remitentes antes de ingresar credenciales o datos personales, especialmente cuando se trata de comunicaciones sobre dispositivos extraviados o bloqueados.
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