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Alejandro CarranzaLa Suprema Corte de Justicia bonaerense volvió a colocar al Poder Judicial en la agenda política provincial. Y esta vez lo hizo con un conjunto de planteos que, aunque pueden parecer diferentes entre sí, responden a una misma preocupación: las condiciones materiales e institucionales en las que funciona el servicio de justicia.
La discusión sobre la autarquía económica y presupuestaria, el pedido de creación de nuevos órganos judiciales y el reclamo por la cobertura de cargos vacantes configuran, en realidad, distintas dimensiones de un mismo problema.
La pregunta de fondo es sencilla, aunque políticamente incómoda: ¿puede hablarse de independencia judicial cuando el Poder Judicial carece de capacidad suficiente para determinar y administrar los recursos necesarios para cumplir su función?
El proyecto de autonomía presupuestaria y autarquía económica que la Suprema Corte había presentado en abril ingresó finalmente a la Cámara de Diputados. El movimiento adquiere especial relevancia porque se produce en la antesala del debate del Presupuesto provincial 2027.
La propuesta procura modificar sustancialmente el esquema vigente. El objetivo es que el Poder Judicial pueda elaborar su propio presupuesto, administrarlo y contar con mayores herramientas para definir sus prioridades de funcionamiento.
La Corte viene sosteniendo que la cuestión no debe ser interpretada como un privilegio corporativo ni como una concesión política, sino como una derivación del principio de división de poderes y de la necesidad de garantizar una tutela judicial efectiva. Así fue planteado por su presidente, Sergio Torres, al presentar la iniciativa en abril.
El argumento merece una discusión institucional seria.
La independencia judicial suele analizarse desde la perspectiva de las garantías constitucionales, la estabilidad de los magistrados, la imparcialidad y las reglas para su designación. Pero existe una dimensión menos visible y no por eso menos importante: la autonomía material necesaria para que un poder del Estado pueda organizar su funcionamiento sin depender de decisiones discrecionales de otro poder.
No se trata, naturalmente, de que la Justicia quede al margen de las reglas generales de administración financiera del Estado ni de que desaparezca el control legislativo sobre los recursos públicos. Se trata de discutir cuál debe ser el grado de autonomía que corresponde a un poder constitucional para administrar los recursos que necesita para cumplir su cometido.
El debate, sin embargo, no debería agotarse en la palabra “autarquía”.
Una mayor autonomía presupuestaria también implica mayores responsabilidades institucionales. Si la Justicia obtiene herramientas para definir y administrar sus recursos, deberá demostrar capacidad para planificar, establecer prioridades, transparentar el gasto y rendir cuentas.
La autonomía no puede convertirse en sinónimo de ausencia de controles.
Precisamente por eso, una eventual ley de autarquía debería ser analizada como una reforma integral del modelo de gestión judicial, y no simplemente como un mecanismo para trasladar la administración de partidas presupuestarias desde el Poder Ejecutivo hacia la Suprema Corte.
La cuestión central debería ser qué sistema permite garantizar simultáneamente independencia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
En paralelo con el reclamo presupuestario, la Suprema Corte solicitó la creación de nuevos órganos judiciales en distintos departamentos y fueros de la Provincia.
La Resolución SC 2.917/26 comprende los fueros Penal, Civil y Comercial, Familia, Contencioso Administrativo y Laboral. También reclama avanzar con la designación de magistrados correspondientes a órganos creados por leyes anteriores que todavía no funcionan y plantea ampliaciones de competencia territorial.
Aquí aparece otra dimensión del problema.
Crear un juzgado en una ley no significa crear justicia.
Para que una nueva dependencia exista realmente se necesitan magistrados, funcionarios, empleados, infraestructura, tecnología, presupuesto y una organización capaz de absorber la demanda.
La distancia entre el órgano creado jurídicamente y el órgano efectivamente operativo constituye uno de los problemas menos visibles del sistema judicial.
Y sus consecuencias terminan recayendo sobre el ciudadano.
Un juzgado que no funciona, una vacante que permanece sin cubrir o una estructura que carece de recursos suficientes no son solamente problemas administrativos. Significan, en términos concretos, mayores tiempos de espera, dificultades para acceder a una decisión judicial y, en determinados casos, una afectación directa del derecho de acceso a la justicia.
La discusión vuelve inevitablemente sobre otro de los reclamos formulados por la Suprema Corte: la cobertura de las vacantes.
El propio máximo tribunal bonaerense funciona actualmente con tres de sus siete integrantes. En abril, la Corte calificó esa situación como inédita y reclamó a los poderes Ejecutivo y Legislativo que avanzaran con las designaciones correspondientes.
La cuestión excede, por lo tanto, la discusión sobre nombres propios.
Una Corte incompleta plantea interrogantes sobre la capacidad institucional del máximo tribunal para ejercer plenamente las funciones que la Constitución y las leyes le asignan.
La cobertura de vacantes judiciales no debería convertirse en una variable de la coyuntura política. Tampoco debería interpretarse como una disputa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Existe una cuestión previa: las instituciones deben funcionar con la integración que el ordenamiento jurídico establece.
El escenario que comienza a configurarse en la Provincia obliga a mirar el problema desde una perspectiva más amplia.
El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad constitucional que le corresponde en el proceso de designación de magistrados y en la administración general de los recursos públicos. La Legislatura debe debatir y sancionar las leyes necesarias y ejercer su función de control. Y el Poder Judicial tiene la responsabilidad de administrar eficazmente los recursos que recibe y garantizar un servicio de justicia adecuado.
Ninguno de los tres poderes puede resolver por sí solo la crisis de funcionamiento del sistema.
Por eso, la discusión sobre la autarquía judicial debería evitar dos reduccionismos igualmente peligrosos.
El primero es presentar la autonomía financiera como una suerte de privilegio corporativo de jueces y empleados.
El segundo es suponer que una mayor autonomía presupuestaria, por sí misma, solucionará los problemas estructurales de la Justicia bonaerense.
No ocurrirá ni una cosa ni la otra.
La autarquía puede ser una herramienta para fortalecer la independencia judicial, pero solamente si está acompañada por planificación, transparencia, evaluación de resultados y responsabilidad institucional.
Hay, finalmente, una cuestión que quizás sea más importante que la discusión sobre porcentajes presupuestarios, estructuras o competencias.
¿Qué Justicia necesita los bonaerenses?
La respuesta debería preceder a la discusión sobre cuánto dinero recibe el Poder Judicial y quién administra esos recursos.
Una Justicia independiente necesita recursos. Pero también necesita organización, tecnología, infraestructura, magistrados suficientes, personal capacitado y mecanismos de gestión que permitan responder en tiempo razonable a las demandas de los ciudadanos.
La Corte bonaerense acaba de colocar varios de esos problemas sobre la mesa al mismo tiempo.
Ahora corresponde a los poderes Ejecutivo y Legislativo asumir el debate.
No solamente para decidir si la Justicia tendrá autarquía.
Sino para determinar qué modelo de Poder Judicial quiere tener la Provincia de Buenos Aires y qué condiciones está dispuesta a garantizar para que el derecho de acceso a la justicia deje de ser una mera declaración constitucional y pueda convertirse efectivamente en una experiencia ciudadana.
