| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
Alejandro Carranza
Los nuevos consejeros, el nuevo secretario general y la presidenta de la Abogacía. De izda. a dcha.: Cristina Llop Velasco, Nielson Sánchez Stewart, Juan Antonio García Cazorla, Jesús Pellón Fernández-Fontecha, Victoria Ortega Benito, Ángel García Bernués, Javier Caballero Martínez, Jordi Albareda Cañadell, Filomena Peláez Solís, Manuel Martín Martín y José Arturo Pérez Moreno.
El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha elegido esta mañana a 10 nuevos consejeros electivos, entre las 30 candidaturas presentadas.
Los candidatos elegidos, con indicación del Colegio de Abogados de procedencia, son:
Javier Caballero Martínez (ICA PAMPLONA)
Marcos Camacho O’Neale (ICA JEREZ DE LA FRONTERA)
Ángel García Bernués (ICA HUESCA)
Juan Antonio García Cazorla (ICA SABADELL)
María Cristina Llop Velasco (ICA ZARAGOZA)
Manuel José Martín Martín (ICA MADRID)
Filomena Peláez Solís (ICA BADAJOZ)
Jesús Pellón Fernández-Fontecha (ICA CANTABRIA)
José Arturo Pérez Moreno (ICA ALMERÍA)
Nielson Sánchez Stewart (ICA MÁLAGA)
Las elecciones tuvieron lugar durante la reunión del Pleno del Consejo que se celebró este jueves. Los 10 consejeros elegidos tomaron inmediata posesión del cargo ante el propio Pleno, a excepción de Marcos Camacho O’Neale, que no pudo asistir.
En el mismo Pleno ha sido nombrado Jordi Albareda Cañadell, decano del Colegio de Lleida y hasta ahora vicesecretario general, como nuevo secretario general de la Abogacía Española. El decano del Colegio de Valladolid, Javier Martín García, ha sido nombrado como vicesecretario general en sustitución de Albareda. A su vez, el nuevo decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús Sánchez García, ha sido nombrado adjunto a la Presidencia del Consejo.
En el Pleno se aprobó también una declaración de “enérgica” condena a la invasión militar de Ucrania llevada a cabo por Rusia: “La utilización de las armas y de la fuerza no serán nunca el instrumento adecuado en la solución de disputas entre países. Como defensores de la ley, los abogados y abogadas españoles consideramos que el mundo posee los cauces legales adecuados para la reclamación y la resolución de cualquier conflicto entre naciones. La guerra solo traerá muerte, destrucción y pobreza para los ucranianos. Nuestros pensamientos están hoy con ellos, así como toda nuestra solidaridad”.
El Consejo General de la Abogacía cuenta con 12 consejeros electivos, que han de ser abogados de reconocido prestigio, elegidos libremente por el propio Pleno del Consejo, y cuyo mandato tienen una duración de cinco años. En 2019 se renovaron las dos plazas restantes, en las que salieron elegidos Carmen Pérez Andújar y Rafael Bonmatí Llorens.
Las elecciones fueron convocadas por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, por acuerdo adoptado en su sesión de 20 de enero de 2022, para cubrir 10 plazas de consejeros electivos entre abogados de reconocido prestigio.
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Se trata de los autos COLPROBA celebró el fallo «Bianco c/ Lazarte» que reconoce la naturaleza jurídica de los honorarios y por ende, aportes previsionales. COLPROBA celebró el fallo e inicia gestiones para el cobro de los adeudado.
Através de un comunicado anunció que ofrecerá además ayuda a los abogados y al colegio local.
El evento tuvo lugar el pasado jueves en el Salón Auditorio de la sede colegial y contó con la presencia de abogados y abogadas de la matricula
San Isidro es el tricampeón, completaron el podio Lomas de Zamora y La Plata
La joven estuvo en coma durante dos semanas, antes de poder declarar. El y la fiscal federal Federico Iuspa y Mariela Labozzetta habían presentado un dictamen en el que requerían que se incorporen elementos de violencia de género presentes en el caso. Uno de los imputados es expareja de la víctima y fue procesado con prisión preventiva por lesiones triplemente agravadas.
El proyecto oficialista que propone eliminar la colegiación obligatoria se presenta como un alivio económico en tiempos de crisis. Pero detrás de la desregulación, los colegios de abogados advierten una amenaza más profunda: la pérdida de independencia profesional y el riesgo de concentrar el control del ejercicio profesional en manos del Estado.
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