| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
Se prevé una gran inversión en tecnología con incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial para algunos procesos. Preocupan el aumento de erogaciones en concepto de alquileres.
Noticias05/10/2022 Redacción
La Suprema Corte de Justicia Bonaerense, mediante Resolución SC Nº 2414/22, aprobó y comunicó el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio 2023, estableciendo para la Administración de Justicia la suma de $ 145.605.300.000. Asimismo, aprobó el proyecto presupuestario del Ministerio Público en la suma de $ 78.351.499.678. Dichas previsiones no contienen pauta salarial.
Entre otros puntos, en la decisión se contemplan las partidas para ejecutar el plan de infraestructura edilicia a partir del reinicio y terminación de los complejos judiciales en construcción que se gestionan a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. En igual plano de importancia se detallan las necesidades para las puestas en funcionamiento de los órganos jurisdiccionales programadas para el próximo año.
También se reclama la mejora en las remuneraciones dada la pronunciada brecha con las remuneraciones de la Justicia nacional y se prevén los recursos para fortalecer los programas y herramientas tecnológicas para la gestión del servicio en materia de comunicación electrónica e interoperabilidad con organizaciones públicas y privadas, extensión de la firma digital, digitalización de trámites y archivos, celebración de videoaudiencias y acciones orientadas a la incorporación de aplicaciones de inteligencia artificial en los procesos de trabajo.
Con la promulgación de la Ley 15.610, el Gobierno bonaerense introdujo modificaciones sustanciales al régimen de adopción, incorporando nuevos principios, plazos más definidos y mayores garantías para niños, niñas y adolescentes.
La Asociación Civil denunció que el proyecto de "Ley de Modernización Laboral" no fue debatido públicamente y generará una destrucción masiva de empleos de calidad, beneficiando únicamente a los grandes grupos económicos concentrados.
El proyecto del Gobierno redefine la relación entre capital y trabajo, facilita el despido, reduce derechos históricos y limita la acción sindical. Una reforma que, lejos de modernizar, reinstala un modelo de desprotección incompatible con los estándares constitucionales y de la OIT. Deroa el estatuto del Periodista, el régimen de teletrabajo, del viajante de comercio y le resta derechos a los trabajaores extranjeros. La CGT convocó a una marcha en protesta para el próximo jueves 18 a las 15 hs. en Plaza de Mayo.
Autoridades del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal recibieron a integrantes de la Asociación Iberoamericana de Profesionales de la Comunicación Judicial (JusCom), con el objetivo de explorar posibles líneas de colaboración entre ambas instituciones.
El tribunal de enjuiciamiento removió por unanimidad a Julieta Makintach por conductas incompatibles con la función judicial. Dirigentes del Colegio de la Abogacía de La Plata integraron el jury y respaldaron un veredicto que marca un precedente en la Justicia bonaerense.
Es por la presunta complicidad de la magistrada Julieta Makintach en la grabación de un documental durante el juicio por la juetre del astro del fútbol argentino, Diego Maradona.
El dato surge de las denuncias recibidas por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte en 2024. Hubo 3484 personas denunciadas y la justicia dictó 4474 medidas preventivas.
La Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) emitió una declaración institucional en la que describe a Venezuela como un Estado “asimilable a Estado fallido” y llama a reconstruir plenamente el Estado de Derecho mediante el respeto a la soberanía popular y el resultado electoral de julio de 2024, rechazando el uso de la fuerza en la resolución de la crisis política. (uiba.org)
Con la promulgación de la Ley 15.610, el Gobierno bonaerense introdujo modificaciones sustanciales al régimen de adopción, incorporando nuevos principios, plazos más definidos y mayores garantías para niños, niñas y adolescentes.
El Gobierno Nacional formaliza el cierre de la gestión de Stella Maris Martínez al frente del Ministerio Público de la Defensa, priorizando una reconfiguración operativa ante el crecimiento de la demanda de servicios de asistencia legal pública.