Bahía Blanca: la fiscalía solicitó la elevación a juicio del exjuez Néstor Luis Montezanti por su participación en la Triple A

La Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca solicitó ayer al Juzgado Federal N°1 de esa ciudad la elevación a juicio de la causa que tiene acusado al ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de ese circuito judicial, Néstor Luis Montezanti, como autor penalmente responsable de los delitos  -calificados como de lesa humanidad y genocidio- de asociación ilícita, por su vinculación con integrantes de la organización paraestatal Triple A, y de intimidación pública en un hecho llevado a cabo el 26 de agosto de 1974, en el marco de una toma de la sede local de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de esa ciudad.

En línea con la resolución que confirmó el procesamiento del imputado, el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y el auxiliar fiscal Pablo Fermento, indicaron en su requisitoria que Montezanti formó parte de la organización paraestatal que actuó en Bahía Blanca con el nombre de Triple A, a la que se le atribuye la comisión de 24 homicidios entre los años 1974 y 1975. La existencia de la asociación ilícita fue probada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal bahiense en la sentencia dictada al final del debate en el que fueron condenados cuatro integrantes del mismo grupo.

Ocupación armada de la UTN de Bahía Blanca

Uno de los aspectos analizados por la acusación fue la participación de Montezanti en la ocupación armada de las instalaciones de la Facultad Regional de la UTN entre agosto y noviembre de 1974, hecho que fue calificado como delito de intimidación pública. El episodio fue constatado por numerosas declaraciones de estudiantes que dieron cuenta de la presencia del acusado, quien, junto a otros integrantes armados de la Triple A, provocaba al público estudiantil al ingresar al edificio. El violento suceso produjo la interrupción total de la actividad académica durante dos meses, impidiendo la asunción en el cargo de decano de la persona que había sido designada por las autoridades nacionales de la institución, a quien el grupo mantuvo cautivo dentro del edificio tomado. Las instalaciones no pudieron ser desocupadas por las fuerzas policiales, a pesar del dictado de una orden judicial de desalojo.

De acuerdo con la acusación, otra circunstancia que da cuenta de las dimensiones del suceso estuvo dada por el hecho de que uno de los vehículos empleados para la toma fue identificado por la fiscalía como el que se empleó para el secuestro y el asesinato del empleado de la construcción Luis Jesús García en septiembre de 1974. El episodio de la toma llegó a ser denunciado por el diputado Héctor Sander en el Congreso de la Nación, días antes de tener que irse del país por las amenazas recibidas de parte de la Triple A.

La fiscalía remarcó que la ocupación de la UTN fue la antesala de la actuación del mismo grupo paraestatal en la Universidad Nacional del Sur, en donde en febrero de 1975 fueron contratados a sueldo como personal de vigilancia por el interventor Remus Tetu, quien fue señalado por los fiscales como uno de los jefes de la asociación ilícita. El 3 de abril de aquel año, tres miembros del grupo armado asesinaron al estudiante David Hover Cilleruelo en los pasillos de esa casa de altos estudios.

En las actuaciones judiciales iniciadas en la época por este asesinato, Montezanti fue designado por uno de los autores, Jorge Argibay, como su abogado de confianza. Se trata de uno de los numerosos vínculos que la fiscalía pudo reconstruir entre el acusado y los restantes miembros del grupo paraestatal.

Trayectoria dentro del entramado delictivo

La presentación de la fiscalía analizó además la continuidad de Montezanti en el ejercicio de roles dentro del entramado delictivo, hasta su incorporación formal como personal civil de inteligencia del Destacamento 181 de Inteligencia del Ejército, en Bahía Blanca, entre los años 1980 y 1982.

Entre las pruebas reunidas, se determinó que el aval para el ingreso del ahora acusado al espionaje castrense fue prestado por el coronel José Osvaldo Riveiro, detenido en el 2017 por un pedido de captura internacional de Francia y del fuero federal de Mendoza por delitos de lesa humanidad. El avalista afirmó conocer a Montezanti “en confianza con el tiempo y asiduidad de trato suficiente para avalar sus condiciones morales y familiares” desde el año 1975, precisamente cuando el acusado integraba, para la imputación fiscal, la asociación ilícita, y Riveiro revistaba en el Batallón de Inteligencia 601, del cual dependía técnicamente el Destacamento 181. Los fiscales reconstruyeron asimismo que para entonces el grupo paraestatal ya actuaba en coordinación con esta unidad de inteligencia del Ejército.

Cronología procesal

La imputación a Montezanti fue formulada por la Unidad Fiscal el 27 de julio de 2015, cuando el ahora procesado todavía se desempeñaba en la Cámara Federal de esa jurisdicción. La audiencia para recibirle declaración indagatoria se concretó el 16 de febrero de 2018. Hasta su renuncia como camarista, la declaración indagatoria no había podido concretarse por la incomparecencia de Montezanti a las citaciones, situación que condujo a su declaración en rebeldía y prohibición de salida del país.

Celebrado el acto, Montezanti fue procesado por el juez Walter López Da Silva el 23 de septiembre de 2020 por los delitos de asociación ilícita e intimidación pública, calificados como crímenes de lesa humanidad. La decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca el 12 de septiembre pasado.