| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
El ministro, Julio Alak, realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una presentación que dio cuenta de las medidas que cambiaron el paradigma de la gestión penitenciaria y pospenitenciaria en la Provincia.
La Comisión sesionó en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, y la audiencia estuvo a cargo de su flamante presidenta, Margarette May Macaulay, y del resto de comisionadas y comisionados que componen el organismo internacional.
La exposición del Ministro discurrió desde las condiciones carcelarias registradas al inicio de la gestión hasta el Plan de Transformación Penitenciaria, compuesto por sus dos grandes programas. Por un lado, el Programa de Infraestructura más importante de la historia, que está en ejecución y contempla la construcción de 8 nuevas unidades y 16 alcaidías.
Por otra parte, el programa de inclusión en contexto de encierro, que se compone de 5 ejes centrales: preservación del vínculo familiar; regularización documentaria, educación; trabajo y producción; y enlace territorial con municipios. Todo ello con el objetivo de bajar la tasa de reincidencia.
La presentación se realizó en el marco de una audiencia por el caso del incendio en el penal de Magadalena ocurrido en el año 2005. En la ocasión, los representantes de la comitiva argentina y de la parte peticionaria acordaron avanzar hacia una instancia de diálogo para adoptar o consolidar medidas ya tomadas que eviten tragedias de esa naturaleza.
Las comisionadas y comisionados celebraron el Plan de Transformación y expresaron que este caso, de sostenerse la disposición actual de las partes, podría ser de gran referencia para los servicios penitenciarios de la región.
Acompañaron al Ministro los subsecretarios de Política Criminal, Inclusión en Contexto de Encierro y Política Penitenciaria, Lisandro Pellegrini; el subsecretario de Inclusión Penitenciaria, Diego Rao y el subsecretario de Política Penitenciaria, José González Hueso. También fueron parte de la comitiva nacional el director Nacional de Coordinación Estratégica, Nicolás Rapetti; y Javier Salgado, jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, y director Nacional de Casos Contenciosos de la Cancillería.
La segunda edición de este informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes incluye datos estadísticos de los 24 poderes judiciales provinciales y de CABA.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
En nota dirigida a las autoridades del banco señalaron que "Esta demora desvirtúa el sistema legal de "pago en juicio" que contempla el art 277 de la Ley 20744, que fue concebido en tutela del crédito de la clase trabajadora."
El Decreto 971/2024 establece que las solicitudes ante la Administración Pública tendrán aprobación automática si no reciben respuesta en el plazo estipulado, excepto en áreas sensibles como salud, medio ambiente y servicios públicos. La medida comenzó el 1º de noviembre y apunta a acelerar gestiones en sectores no críticos.
El foro que reúne a todos los Consejos de la Magistratura de la República Argentina desarrolló actividades institucionales en las sedes de la SCBA y del Colegio de la Abo0gacía de La Plata.
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Mientras la conflictividad social se intensifica en Buenos Aires, la justicia enfrenta una acumulación récord de causas penales y civiles. A la falta de recursos y vacantes en el sistema judicial, se suma el retiro del Estado en áreas claves, lo que multiplica los desafíos en la provincia más poblada y diversa del país.
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