
Es por la presunta complicidad de la magistrada Julieta Makintach en la grabación de un documental durante el juicio por la juetre del astro del fútbol argentino, Diego Maradona.
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El ministro, Julio Alak, realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una presentación que dio cuenta de las medidas que cambiaron el paradigma de la gestión penitenciaria y pospenitenciaria en la Provincia.
La Comisión sesionó en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, y la audiencia estuvo a cargo de su flamante presidenta, Margarette May Macaulay, y del resto de comisionadas y comisionados que componen el organismo internacional.
La exposición del Ministro discurrió desde las condiciones carcelarias registradas al inicio de la gestión hasta el Plan de Transformación Penitenciaria, compuesto por sus dos grandes programas. Por un lado, el Programa de Infraestructura más importante de la historia, que está en ejecución y contempla la construcción de 8 nuevas unidades y 16 alcaidías.
Por otra parte, el programa de inclusión en contexto de encierro, que se compone de 5 ejes centrales: preservación del vínculo familiar; regularización documentaria, educación; trabajo y producción; y enlace territorial con municipios. Todo ello con el objetivo de bajar la tasa de reincidencia.
La presentación se realizó en el marco de una audiencia por el caso del incendio en el penal de Magadalena ocurrido en el año 2005. En la ocasión, los representantes de la comitiva argentina y de la parte peticionaria acordaron avanzar hacia una instancia de diálogo para adoptar o consolidar medidas ya tomadas que eviten tragedias de esa naturaleza.
Las comisionadas y comisionados celebraron el Plan de Transformación y expresaron que este caso, de sostenerse la disposición actual de las partes, podría ser de gran referencia para los servicios penitenciarios de la región.
Acompañaron al Ministro los subsecretarios de Política Criminal, Inclusión en Contexto de Encierro y Política Penitenciaria, Lisandro Pellegrini; el subsecretario de Inclusión Penitenciaria, Diego Rao y el subsecretario de Política Penitenciaria, José González Hueso. También fueron parte de la comitiva nacional el director Nacional de Coordinación Estratégica, Nicolás Rapetti; y Javier Salgado, jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, y director Nacional de Casos Contenciosos de la Cancillería.

Es por la presunta complicidad de la magistrada Julieta Makintach en la grabación de un documental durante el juicio por la juetre del astro del fútbol argentino, Diego Maradona.

La polémica por la conducta del juez civil Carlos Goggi vuelve a poner en el centro del debate la defensa de la dignidad profesional de los abogados y la vigencia de la Ley de Honorarios (27.423). Las entidades de la abogacía remarcan que no está en discusión la independencia judicial, sino la obligación de respetar la ley y los precedentes.

Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.

Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.

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En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.

La máxima entidad de la abogacía bonaerense advirtió de intentos de estafas virtuales mediante falsas comunicaciones en su nombre.

Una mujer de 46 años logró que el Instituto de Obra Social de la Provincia de Corrientes (IOSCor) cubra un tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad, tras haberle sido negado por no tener pareja. El fallo reafirma que el derecho a procrear no puede depender del estado civil.

Es por la presunta complicidad de la magistrada Julieta Makintach en la grabación de un documental durante el juicio por la juetre del astro del fútbol argentino, Diego Maradona.

Cinco personas fueron condenadas por integrar una red dedicada a comercializar un software que facilitaba el acceso ilícito a cuentas de Apple mediante técnicas de phishing. La justicia federal consideró acreditada la existencia de un “delito como servicio” en el ámbito digital.