| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
Alejandro Carranza
Desde este 19 de abril del 2023, el ministro Sergio Gabriel Torres ejerce la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo al sistema de rotación anual establecido por el artículo 162 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los arts. 28 y 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El recambio de autoridades dispuesto por Acuerdo Nº 4103 prevé que el doctor Daniel Fernando Soria sea el vicepresidente del Tribunal, siendo los demás integrantes los jueces Luis Esteban Genoud e Hilda Kogan.
El Ministro Torres ingresó al Alto Tribunal provincial durante la gestión de María Eugenia Vidal en mayo de 2019, siendo el Ministro con menos antigüedad. Llegó proveniente de los tribunales de Comodoro Py, ya que anteriormente se desempeñó como titular de uno de los juzgados federales con sede en CABA y rodeado de polémica por su domicilio.
Torres egresó como Abogado de la UBA, Doctor en Ciencias Jurídicas (USAL), Magíster internacional en Nuevos Delitos Penales (USAL), Magíster en Criminología (UNLZ) y Especialista en Derecho Penal y Criminología (UNLZ).
Fue Fiscal federal, juez en lo criminal de instrucción, juez federal en lo criminal y correccional de la Capital Federal. Es profesor de grado y posgrado de derecho penal en la UBA y en la UNLZ y profesor visitante en varias universidades de Iberoamérica. Es vicepresidente académico para Argentina del instituto iberoamericano de derecho penal y ha escrito numerosos libros y artículos en su área de especialidad.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Una denuncia por abuso sexual entre adolescentes, marcada por el stealthing y el hostigamiento escolar, derivó en un inédito proceso de justicia restaurativa en La Plata. Sin juicio ni condena penal, el enfoque apuntó a la asunción de responsabilidad, la reparación del daño y la prevención de nuevas violencias.
El máximo tribunal contradice a la Cámara Federal y complica la situación del magistrado designado por el presidente Milei.
La entidad presidida por Ricardo Gil Lavedra salió al cruce de un nuevo embiste contra la abogacía laboralista
Un fallo reafirma que el régimen de cuidado personal compartido con modalidad alternada no implica automáticamente la supresión de la cuota alimentaria. La cuota alimentaria no es una penalidad, sino un derecho de los hijos y una expresión concreta de la corresponsabilidad parental.
El COLPROBA publicó en su sitio web una jurisprudencia clave para mediadores en un caso donde se pretendió eludir la mediación provincial acudiendo a la justicia nacional.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.