| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
Alejandro Carranza
Desde este 19 de abril del 2023, el ministro Sergio Gabriel Torres ejerce la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo al sistema de rotación anual establecido por el artículo 162 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los arts. 28 y 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El recambio de autoridades dispuesto por Acuerdo Nº 4103 prevé que el doctor Daniel Fernando Soria sea el vicepresidente del Tribunal, siendo los demás integrantes los jueces Luis Esteban Genoud e Hilda Kogan.
El Ministro Torres ingresó al Alto Tribunal provincial durante la gestión de María Eugenia Vidal en mayo de 2019, siendo el Ministro con menos antigüedad. Llegó proveniente de los tribunales de Comodoro Py, ya que anteriormente se desempeñó como titular de uno de los juzgados federales con sede en CABA y rodeado de polémica por su domicilio.
Torres egresó como Abogado de la UBA, Doctor en Ciencias Jurídicas (USAL), Magíster internacional en Nuevos Delitos Penales (USAL), Magíster en Criminología (UNLZ) y Especialista en Derecho Penal y Criminología (UNLZ).
Fue Fiscal federal, juez en lo criminal de instrucción, juez federal en lo criminal y correccional de la Capital Federal. Es profesor de grado y posgrado de derecho penal en la UBA y en la UNLZ y profesor visitante en varias universidades de Iberoamérica. Es vicepresidente académico para Argentina del instituto iberoamericano de derecho penal y ha escrito numerosos libros y artículos en su área de especialidad.
La segunda edición de este informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes incluye datos estadísticos de los 24 poderes judiciales provinciales y de CABA.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
En nota dirigida a las autoridades del banco señalaron que "Esta demora desvirtúa el sistema legal de "pago en juicio" que contempla el art 277 de la Ley 20744, que fue concebido en tutela del crédito de la clase trabajadora."
El Decreto 971/2024 establece que las solicitudes ante la Administración Pública tendrán aprobación automática si no reciben respuesta en el plazo estipulado, excepto en áreas sensibles como salud, medio ambiente y servicios públicos. La medida comenzó el 1º de noviembre y apunta a acelerar gestiones en sectores no críticos.
El foro que reúne a todos los Consejos de la Magistratura de la República Argentina desarrolló actividades institucionales en las sedes de la SCBA y del Colegio de la Abo0gacía de La Plata.
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
Mientras la conflictividad social se intensifica en Buenos Aires, la justicia enfrenta una acumulación récord de causas penales y civiles. A la falta de recursos y vacantes en el sistema judicial, se suma el retiro del Estado en áreas claves, lo que multiplica los desafíos en la provincia más poblada y diversa del país.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
La segunda edición de este informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes incluye datos estadísticos de los 24 poderes judiciales provinciales y de CABA.