
Es por la presunta complicidad de la magistrada Julieta Makintach en la grabación de un documental durante el juicio por la juetre del astro del fútbol argentino, Diego Maradona.
| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
Alejandro Carranza
Desde este 19 de abril del 2023, el ministro Sergio Gabriel Torres ejerce la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo al sistema de rotación anual establecido por el artículo 162 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los arts. 28 y 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El recambio de autoridades dispuesto por Acuerdo Nº 4103 prevé que el doctor Daniel Fernando Soria sea el vicepresidente del Tribunal, siendo los demás integrantes los jueces Luis Esteban Genoud e Hilda Kogan.
El Ministro Torres ingresó al Alto Tribunal provincial durante la gestión de María Eugenia Vidal en mayo de 2019, siendo el Ministro con menos antigüedad. Llegó proveniente de los tribunales de Comodoro Py, ya que anteriormente se desempeñó como titular de uno de los juzgados federales con sede en CABA y rodeado de polémica por su domicilio.
Torres egresó como Abogado de la UBA, Doctor en Ciencias Jurídicas (USAL), Magíster internacional en Nuevos Delitos Penales (USAL), Magíster en Criminología (UNLZ) y Especialista en Derecho Penal y Criminología (UNLZ).
Fue Fiscal federal, juez en lo criminal de instrucción, juez federal en lo criminal y correccional de la Capital Federal. Es profesor de grado y posgrado de derecho penal en la UBA y en la UNLZ y profesor visitante en varias universidades de Iberoamérica. Es vicepresidente académico para Argentina del instituto iberoamericano de derecho penal y ha escrito numerosos libros y artículos en su área de especialidad.

Es por la presunta complicidad de la magistrada Julieta Makintach en la grabación de un documental durante el juicio por la juetre del astro del fútbol argentino, Diego Maradona.

La polémica por la conducta del juez civil Carlos Goggi vuelve a poner en el centro del debate la defensa de la dignidad profesional de los abogados y la vigencia de la Ley de Honorarios (27.423). Las entidades de la abogacía remarcan que no está en discusión la independencia judicial, sino la obligación de respetar la ley y los precedentes.

Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.

Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.

La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.

La máxima entidad de la abogacía bonaerense advirtió de intentos de estafas virtuales mediante falsas comunicaciones en su nombre.

Una mujer de 46 años logró que el Instituto de Obra Social de la Provincia de Corrientes (IOSCor) cubra un tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad, tras haberle sido negado por no tener pareja. El fallo reafirma que el derecho a procrear no puede depender del estado civil.

Es por la presunta complicidad de la magistrada Julieta Makintach en la grabación de un documental durante el juicio por la juetre del astro del fútbol argentino, Diego Maradona.

Cinco personas fueron condenadas por integrar una red dedicada a comercializar un software que facilitaba el acceso ilícito a cuentas de Apple mediante técnicas de phishing. La justicia federal consideró acreditada la existencia de un “delito como servicio” en el ámbito digital.