Importantes definciones de las prestigiosas juristas en un conversatorio organizado por COLPROBA en el marco de una excelente campaña de concientización sobre los polémicos proyectos de reforma impulsados por el gobierno de Javier Milei.
"Pretende modificar, entre otros, aspectos significativos relativos a salud mental, a los contratos, a la responsabilidad civil, e introducir el divorcio administrativo sin asesoramiento y patrocinio letrado, todos temas regulados en un sistema normativo que fue resultado de un arduo trabajo colectivo, federal y plural absolutamente democrático", sostienen los especialistas. Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera y Ricado Gil Lavedra son algunos de los firmantes.
El Consejo Asesor Ad Honorem en Género y Diversidad para la Enseñanza del Derecho entregó al ministro Martín Soria la herramienta que analiza integralmente la situación de las facultades de Derecho en clave de género. El documento, elaborado por especialistas en materia de justicia y género, se nutrió de los aportes recibidos por las distintas casas de estudios y del Consejo Permanente de Decanos y Decanas de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales.
En un pronunciamiento de gran relevancia jurídica e institucional, la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York resolvió revocar la sentencia de primera instancia que había condenado a la República Argentina a pagar más de USD 16.000 millones en el marco del juicio por la expropiación de YPF.
Así se produce el relevo de Carlos Andreucci, quien fuera presidente desde 2017 y tomase la posta como primer latinoamericano al frente de la institución hispanoamericana.
En un comunicado firmado por su presidenta Mariel Tschieder la entidad federal de la abogacía argentina sentó su posición al respecto de la cuestionada decisión del gobierno de retirar el pliego por el vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon quien ha investigado sobre el escándalo de la criptomoneda Libra que envuelve al presidente Milei.
La alarmante cifra de aspirantes rechazados en Costa Rica obliga a analizar tanto la idoneidad y severidad del instrumento de evaluación como la calidad de la formación académica que reciben los futuros profesionales del derecho.