| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
La Agencia Española de Protección de Datos considera que la adopción de medidas urgentes de prohibición temporal de las actividades "está justificada para evitar daños potencialmente irreparables".
La normativa actual tiene dos décadas. La Agencia de Acceso a la Información Pública impulsó esta reforma con la particpación de diversos sectores.
El fiscal federal Fabián Canda postuló el rechazo de una acción conjunta de amparo y habeas data presentadas contra el Instituto Nacional de Estadística y Censos para que brindara información sobre los datos personales recabados durante el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas.
La Agencia Española de Protección de Datos ha multado a Glovo con 25.000 euros por no contar con un delegado de protección de datos tal y como establece el artículo 37 del Reglamento General de Protección de Datos.
Se realizó la cuarta mesa de debate por la actualización de la Ley 25.326 y Beatriz Anchorena recibió a distintos expertos en protección de datos personales.
Intervención del procurador fiscal Víctor Abramovich. En la causa, se hace foco en la aplicación de la ley de datos personales, la legitimación pasiva de la filial local de la empresa en el marco de una acción de habeas data y las reglas constitucionales que rigen el anonimato como forma de participación en asuntos de interés público.
La Defensoría del Pueblo bonaerense y la de la Ciudad de Buenos Aires se presentaron como amicus curiae en la causa judicial de Natalia Denegri contra Google, donde la ex modelo reclama que se aplique el “derecho al olvido” y que el buscador desindexe contenidos de televisión y fotos protagonizados por ella en la década del 90.
Este marco ético define valores y principios comunes que guiarán y garantizarán un desarrollo saludable de esta tecnología. Afirma que todos los individuos deberían poder acceder a sus registros de datos personales o incluso borrarlos y prohíbe explícitamente el uso de sistemas de inteligencia artificial para la calificación social y la vigilancia masiva.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
El tribunal interamericano afirmó que el cuidado constituye un derecho humano autónomo, con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Los Estados deben garantizarlo de manera progresiva y con enfoque de igualdad.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.