| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
La Agencia Española de Protección de Datos considera que la adopción de medidas urgentes de prohibición temporal de las actividades "está justificada para evitar daños potencialmente irreparables".
La normativa actual tiene dos décadas. La Agencia de Acceso a la Información Pública impulsó esta reforma con la particpación de diversos sectores.
El fiscal federal Fabián Canda postuló el rechazo de una acción conjunta de amparo y habeas data presentadas contra el Instituto Nacional de Estadística y Censos para que brindara información sobre los datos personales recabados durante el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas.
La Agencia Española de Protección de Datos ha multado a Glovo con 25.000 euros por no contar con un delegado de protección de datos tal y como establece el artículo 37 del Reglamento General de Protección de Datos.
Se realizó la cuarta mesa de debate por la actualización de la Ley 25.326 y Beatriz Anchorena recibió a distintos expertos en protección de datos personales.
Intervención del procurador fiscal Víctor Abramovich. En la causa, se hace foco en la aplicación de la ley de datos personales, la legitimación pasiva de la filial local de la empresa en el marco de una acción de habeas data y las reglas constitucionales que rigen el anonimato como forma de participación en asuntos de interés público.
La Defensoría del Pueblo bonaerense y la de la Ciudad de Buenos Aires se presentaron como amicus curiae en la causa judicial de Natalia Denegri contra Google, donde la ex modelo reclama que se aplique el “derecho al olvido” y que el buscador desindexe contenidos de televisión y fotos protagonizados por ella en la década del 90.
Este marco ético define valores y principios comunes que guiarán y garantizarán un desarrollo saludable de esta tecnología. Afirma que todos los individuos deberían poder acceder a sus registros de datos personales o incluso borrarlos y prohíbe explícitamente el uso de sistemas de inteligencia artificial para la calificación social y la vigilancia masiva.
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
Mientras la conflictividad social se intensifica en Buenos Aires, la justicia enfrenta una acumulación récord de causas penales y civiles. A la falta de recursos y vacantes en el sistema judicial, se suma el retiro del Estado en áreas claves, lo que multiplica los desafíos en la provincia más poblada y diversa del país.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
La segunda edición de este informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes incluye datos estadísticos de los 24 poderes judiciales provinciales y de CABA.