| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
Se busca prevenir e investigar el crimen organizado relacionado con la explotación de refugiados y migrantes venezolanos que atraviesan el Tapón del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá junto a haitianos, cubanos entre otras nacionalidades.
Noticias 25/09/2023 Redacción
La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) y con el apoyo del gobierno Canadá, presentó en la Ciudad de Panamá la Guía para la investigación de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes vinculados a la Delincuencia Organizada Transnacional en la República de Panamá.
Esta guía se enmarca dentro del Proyecto PICAD, desarrollado para contribuir a fortalecer la capacidad de siete Estados miembros (Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú, y Trinidad y Tobago) para prevenir e investigar el crimen organizado relacionado con la explotación de refugiados y migrantes venezolanos, en particular la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes, y aumentar el conocimiento sobre los riesgos que enfrentan.
La guía contiene directrices y protocolos de actuación y se articula como una herramienta de apoyo para las autoridades de Panamá, con el fin de facilitar su trabajo de detección, investigación y litigación de este tipo de delitos. “Esta publicación detalla la normativa vigente en Panamá en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, así como la conexión de este fenómeno con la delincuencia organizada. Sin olvidar la importancia de la prevención y asegurando un enfoque basado en los derechos humanos y una perspectiva de género, la guía proporciona herramientas para combatir estos graves delitos, abordando en detalle los tipos penales, las mejores estrategias y técnicas de investigación, en un contexto de cooperación Interagencial”, explica el director del DDOT, Gastón Schulmeister.
El desarrollo de la guía ha sido liderado por el DDOT, en colaboración con un grupo de trabajo interinstitucional compuesto por expertos de entidades de Panamá con competencia en investigación y litigación, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá.
El Ministerio de Justicia impulsa la implementación de tecnología para mejorar los procesos judiciales en favor de la ciudadanía.
Se trata del juez federal Ariel Lijo ligado a Comodoro Py y del Decano de Derecho de la Universidad Austral, Manuel José García Mansilla. Fuerte reclamo por la falta de perspectiva de género.
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