| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
Alejandro Carranza
En el marco de la grave situación de violencia y avance del narcotráfico en la Ciudad de Rosario y su área metropolitana el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona resolvió intespestivamente ayer jueves, la inmediata entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en el ámbito de la Cámara de Apelaciones de Rosario a partir de las 00:00h del lunes 18 de marzo "en concordancia con otras acciones que llevará a cabo el Ministerio de Justicia" señaló la publicación en la web institucional del ministerio.
Además expresaron que "La ley que incorpora a la legislación argentina el Código Penal Procesal Federal busca la más eficaz persecución de los responsables de los graves crímenes como el narcotráfico, la trata y el lavado de activos."
Como se recordará la implementación del Código Procesal Penal Federal en la Justicia Federal y Nacional Penal depende del cronograma progresivo del Ministerio de Justicia.
Revuelo
La implementación de un sistema que requiere una logística precisa que involucra infraestructura edilicia. formación de recursos humanos y equipamiento tecnológico, lo que obviamente no puede resolverse en 48 horas hábiles causó "estupor" en los ámbitos judiciales rosarinos según el medio La Capital de esa ciudad; en tal estado de cosas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rossatti debió viajar de urgencia a Rosario para mantener un encuentro con los camaristas y trazar una "hoja de ruta" para la implementación del sistema acusatorio.
En simultáneo, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, envió una nota al ministro Mariano Cúneo Libarona en la que explica que es indispensable contar con más tiempo para adecuar la infraestructura y la coordinación con el Poder Judicial de la Nación y el resto de los organismos competentes.
Por otro parte la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) lanzó un comunicado, firmado por su secretario general Julio Piumato, en el que la entidad se declara en estado de alerta y movilización "ante la pretendida intención unilateral e inconsulta" del Ministerio de Justicia.
