
Durante la feria judicial de julio de 2025, la OVD atendió a 627 personas
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
En nota dirigida a las autoridades del banco señalaron que "Esta demora desvirtúa el sistema legal de "pago en juicio" que contempla el art 277 de la Ley 20744, que fue concebido en tutela del crédito de la clase trabajadora."
Noticias07/11/2024La Asociación Laboralistas Platenses expresó su preocupación por las constantes demoras en la apertura de cuentas judiciales y en la notificación de estos datos a los Tribunales del Trabajo en La Plata, situación que, aseguran, genera un impacto negativo en todos los involucrados en los procesos judiciales laborales.
María Agustina Karakachoff, Tesorera y Coordinadora de actividades académicas de la Asociación, indicó en una carta dirigida al gerente de la Sucursal Tribunales Banco de la Provincia de Buenos Aires en La Plata, que los retrasos afectan a los demandados, quienes enfrentan intereses adicionales por no poder cumplir con los pagos a tiempo. Además, las personas trabajadoras, principales beneficiarias de estos créditos de naturaleza alimentaria, ven obstaculizado el cobro de indemnizaciones y pagos reconocidos en sentencias y acuerdos, lo cual deteriora el valor real de sus acreencias.
El documento también subraya que esta situación afecta al Estado Provincial, que recibe las tasas y retenciones fiscales con demora, y a los abogados y auxiliares de justicia, quienes deben esperar para cobrar sus honorarios. La Asociación solicitó una audiencia con las autoridades del banco para coordinar soluciones que agilicen estos procesos y garanticen plazos de tramitación y ejecución razonables.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Una denuncia por abuso sexual entre adolescentes, marcada por el stealthing y el hostigamiento escolar, derivó en un inédito proceso de justicia restaurativa en La Plata. Sin juicio ni condena penal, el enfoque apuntó a la asunción de responsabilidad, la reparación del daño y la prevención de nuevas violencias.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
El tribunal interamericano afirmó que el cuidado constituye un derecho humano autónomo, con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Los Estados deben garantizarlo de manera progresiva y con enfoque de igualdad.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.