Buenos Aires: Abogados y Magistrados vuelven a la carga contra los divorcios administrativos y las sucesiones no contenciosas

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, junto al Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires (COLPROBA), se reunieron en diciembre para analizar problemáticas comunes. Como resultado, expresaron su rechazo a los proyectos de ley que buscan incorporar los divorcios administrativos y las sucesiones notariales al Código Civil y Comercial de la Nación y su compromiso con la autonomía presupuestaria del Poder Judicial provincial

DIVORCIOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS SUCESORIOS NO CONTENCIOSOS
Ambas Instituciones advierten que los divorcios y sucesiones fuera del ámbito judicial, pueden generar inseguridad jurídica, desigualdades y conflictos futuros. Enfatizan la importancia del asesoramiento legal y la intervención de jueces para garantizar derechos y prevenir abusos.

• Crítica a la eliminación de abogados y jueces
• Apartar el asesoramiento legal y la intervención judicial en divorcios y sucesiones compromete el acceso a la justicia y la protección de derechos.
• La simplificación de estos procesos mediante nuevos operadores administrativos puede generar problemas futuros y consolidar desigualdades.

Divorcios Administrativos

• La propuesta que el divorcio pueda tramitarse en sede administrativa sin intervención judicial, puede generar inequidades y desprotección.
• La intervención de jueces y abogados es clave para evitar abusos, garantizar derechos y prevenir conflictos.
• Un divorcio sin sentencia judicial dificultaría la detección de situaciones de violencia o dominación dentro del matrimonio.
• Existe el riesgo de renuncia anticipada de derechos económicos y la posible desprotección de personas vulnerables.
• La propuesta podría generar problemas de constitucionalidad y conflictos de competencias entre Nación y provincias.

Procesos Sucesorios No Contenciosos (Sucesión Notarial)

• Se advierte que esta medida no reduce costos ni agiliza el proceso y puede aumentar la inseguridad jurídica.
• La intervención judicial es crucial para garantizar los derechos de acreedores y terceros antes de la división de la herencia.
• El sistema notarial podría favorecer ocultamientos de bienes o herederos y carece de herramientas para verificar pruebas de manera efectiva.
• La regulación de los procesos sucesorios es competencia de las provincias, por lo que la propuesta invade potestades no delegadas.

APOYO DE LA AUTARQUÍA Y EL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL
El fortalecimiento de la autonomía y autarquía del Poder Judicial es esencial para garantizar su independencia y eficiencia en la administración de justicia. La disminución del presupuesto destinado a este poder desde 2002 ha impactado negativamente en su funcionamiento, afectando tanto las condiciones laborales como la calidad del servicio prestado a la ciudadanía. Sin una reforma presupuestaria que asegure recursos adecuados, el sistema judicial enfrentará mayores dificultades para responder a las necesidades de la provincia. Por ello, se hace un llamado a los tres poderes del Estado para impulsar esta reforma y garantizar un acceso efectivo a la justicia.

Ambas instituciones resaltan y alertan la necesidad de:

• Autonomía y autarquía del Poder Judicial: Es fundamental para garantizar su independencia y eficiencia en la administración de justicia.
• Asignación de recursos: Los recursos deben responder a políticas institucionales y demandas sociales, permitiendo un funcionamiento adecuado del Poder Judicial.
• Riesgos sin reforma: Sin una reforma de autarquía presupuestaria, se deteriorará el servicio judicial y no se podrá responder a los problemas de la provincia.
• Disminución del presupuesto: El porcentaje del presupuesto provincial destinado al Poder Judicial ha disminuido desde 2002, lo que afecta su funcionamiento.
• Condiciones de trabajo y salario: La verdadera autonomía debe traducirse en mejores condiciones salariales, infraestructura y honorarios profesionales.
• Llamado a la reforma: Solicitan a los tres poderes del Estado impulsar esta reforma para mejorar el sistema judicial y garantizar un servicio de calidad para los ciudadanos.
• Compromiso activo: Se comprometen a trabajar para lograr este proyecto y mejorar el acceso a la justicia en la provincia de Buenos Aires.