Polémica por proyecto que busca habilitar a abogados a ejercer como escribanos

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados reavivó el debate sobre el ejercicio de funciones notariales en la Argentina. La diputada nacional Marcela Pagano (La Libertad Avanza) propuso que los abogados matriculados puedan ejercer como escribanos públicos sin necesidad de cursar carreras adicionales, rendir exámenes específicos ni pertenecer a colegios notariales cerrados.

Según informó Diario Judicial, la iniciativa —denominada “Libre ejercicio notarial”— plantea que el título de abogado/a expedido por universidades argentinas o revalidado conforme a la normativa vigente sea suficiente para autorizar instrumentos públicos, en igualdad de condiciones con los escribanos actuales.

“El proyecto propone una solución concreta y sencilla: reconocer que el título de abogado habilita a ejercer como escribano público, con las mismas obligaciones legales, fiscales y técnicas que ya establece la normativa notarial vigente”, sostiene Pagano en los fundamentos del texto legislativo.

La iniciativa también ordena a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adecuar sus leyes en un plazo de 120 días y prevé una entrada en vigencia a los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial.

La propuesta no tardó en generar reacciones, Diario Judicial reportó que desde el Colegio de Escribanos se analiza con preocupación el posible avance del proyecto, por considerar que podría afectar la calidad y la seguridad jurídica de los actos notariales. Voces críticas sostienen que la iniciativa desvaloriza la formación específica que requieren las funciones notariales y podría abrir la puerta a una desregulación riesgosa del sistema.

Pagano, en cambio, asegura que su propuesta busca democratizar el acceso a la fe pública, ampliar la oferta de servicios jurídicos en todo el país y romper con “estructuras gremiales que distorsionan el mercado de servicios legales y públicos”.

¿Cambio de paradigma?

Lejos de ser una simple reforma profesional, el proyecto interpela el modelo tradicional del notariado y plantea una pregunta de fondo: ¿es la fe pública una prerrogativa exclusiva, o una función técnica que podría modernizarse y ampliarse?

Desde esta perspectiva, algunos especialistas sostienen que los abogados cuentan con una formación jurídica más completa que la que se ofrece en la carrera de escribanía, y que la tarea del escribano —como fedatario sobre identidades, fechas y contenidos— puede ser respaldada hoy por medios tecnológicos confiables, como firmas digitales, blockchain, sistemas de validación biométrica y registros electrónicos.

“El sistema jurídico está preparado para confiar en documentos electrónicos, validaciones automatizadas y mecanismos técnicos que ofrecen más precisión y trazabilidad que un sello o una firma a mano”, señala un abogado consultado. En ese sentido, limitar el ejercicio notarial a un grupo cerrado parece más una defensa de intereses corporativos que una garantía de seguridad jurídica.

En contraposición, sectores del notariado sostienen que abrir el ejercicio de la fe pública a los abogados sin formación específica podría degradar la calidad de los actos notariales y generar inseguridad jurídica, especialmente en operaciones complejas como compraventas, poderes o sucesiones.

La diputada Pagano responde que su proyecto no desregula, sino que amplía la oferta de servicios jurídicos y elimina barreras artificiales: “Se trata de reconocer una competencia profesional que ya existe, y de adecuar el régimen argentino a modelos internacionales más dinámicos y federales”.

Mientras la propuesta inicia su tratamiento legislativo, el debate ya está instalado: ¿la función notarial necesita defensa gremial o una reforma que la ponga en sintonía con el siglo XXI?