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A través de la ampliación de un convenio de colaboración del año 2017, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación pone a disposición de la provincia de Buenos Aires 500 nuevas "tobilleras" para ser utilizados por la justicia provincial para casos de arrestos domiciliarios u otras modalidades de detención
Noticias10/02/2022 Redacción
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y su par bonaerense, Julio Alak, ampliaron este miércoles el convenio marco de colaboración suscrito por ambas carteras para aplicar el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica": de esta manera, el Ministerio nacional pone a disposición de la provincia de Buenos Aires 500 nuevas "tobilleras" para ser utilizados por la justicia provincial para casos de arrestos domiciliarios u otras modalidades de detención.
Las actas complementarias firmadas expanden un convenio que data del año 2017, que se enmarca en el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica y ejecuta la dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE).
Los dispositivos, conocidos tradicionalmente como “tobilleras electrónicas”, permiten mantener un monitoreo permanente de los casos de arrestos domiciliarios u otras modalidades de detención durante las 24 hs del día. Gracias a esta tecnología, las autoridades judiciales y de las fuerzas de seguridad pueden intervenir inmediatamente en caso de que se registre una alerta por incumplir la orden judicial.
Alak agradeció "al ministro Soria la provisión de 500 pulseras electrónicas para contribuir con la justicia en casos de arrestos domiciliarios".
En el mismo sentido, Soria explicó que la "articulación permanente con la provincia de Buenos Aires nos permite expandir las políticas y hacerlas más eficientes" y agregó que "este trabajo en conjunto con el ministro Alak es especialmente importante cuando abordamos problemáticas complejas y que están relacionadas a una gran demanda ciudadana, como es la prevención de la violencia de género y del delito en general".
En el marco del encuentro, Soria y Alak analizaron potenciales lineamientos de trabajo para avanzar en la construcción de un programa de prevención de violencia de género; el boceto preliminar prevé planificar el desarrollo territorial del programa con intendentes bonaerenses y articularlo a través de las herramientas institucionales de las que disponen los ministerios de Género de nación y provincia.
En ese sentido, los Dispositivos Duales de Supervisión y Rastreo de Agresores serían el instrumento operativo en torno al cual se organizaría el programa: estas “pulseras” permiten garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares de protección dictadas en casos judiciales de alto riesgo de violencia de género. Se trata de dispositivos que deben usar víctima y agresor, y que a través de mecanismos de geolocalización, activan una alarma cuando se detecta cuando se detecta un acercamiento.
Es un sistema superador del viejo botón antipánico, ya que no carga la responsabilidad sobre la víctima. Estos dispositivos demostraron un 100% de efectividad: en ningún caso el agresor pudo acceder a la víctima. A la fecha, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entregó 1.882 parejas de dispositivos en el país.
La segunda edición de este informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes incluye datos estadísticos de los 24 poderes judiciales provinciales y de CABA.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
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En nota dirigida a las autoridades del banco señalaron que "Esta demora desvirtúa el sistema legal de "pago en juicio" que contempla el art 277 de la Ley 20744, que fue concebido en tutela del crédito de la clase trabajadora."
El Decreto 971/2024 establece que las solicitudes ante la Administración Pública tendrán aprobación automática si no reciben respuesta en el plazo estipulado, excepto en áreas sensibles como salud, medio ambiente y servicios públicos. La medida comenzó el 1º de noviembre y apunta a acelerar gestiones en sectores no críticos.
El foro que reúne a todos los Consejos de la Magistratura de la República Argentina desarrolló actividades institucionales en las sedes de la SCBA y del Colegio de la Abo0gacía de La Plata.
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Mientras la conflictividad social se intensifica en Buenos Aires, la justicia enfrenta una acumulación récord de causas penales y civiles. A la falta de recursos y vacantes en el sistema judicial, se suma el retiro del Estado en áreas claves, lo que multiplica los desafíos en la provincia más poblada y diversa del país.
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