El Consejo General de la Abogacía Mexicana integrado por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y la Barra Mexicana Colegio de Abogados,  tres prestigiosas instituciones de ese país, expresaron su visión acerca del caso de espionaje que involucra a altas magistraturas mexicana y que está generando otro cimbronazo político a la ya caldeada atmósfera política azteca.

En su cuenta de twitter, el CGAM difundió el comunicado, el cual compartimos a los lectores de Abogar:

"El Consejo General de la Abogacía Mexicana hace patente su preocupación sobre la intervención telefónica ilegal a conversaciones sostenidas entre el Fiscal General de la República y el Fiscal Especializado en Control Competencial de la misma institución, así como sobre el contenido de las mismas.

En primer lugar, ya que todas las formas existentes de comunicación están protegidas por el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y la intervención de las mismas configura el delito previsto y sancionado en el artículo 177 del Código Penal Federal. Es evidente que la intervención de la comunicación a que hemos hecho referencia debe investigarse y perseguirse penalmente.

En segundo lugar, de confirmarse la veracidad de dichas conversaciones, se advierte un conflicto de interés y comportamiento no ético por la aparente injerencia de dos altos funcionarios encargados de la procuración de justicia en un asunto particular en el cual, el Fiscal General es en lo personal la parte agraviada. En efecto, en dichas conversaciones se hace referencia a que el Fiscal tiene en su poder un proyecto de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cual no es público, lo que da muestra de una ventaja indebida que afecta la equidad procesal e incluso hace patente un posible delito de ejercicio ilícito de servicio público, al tenerse acceso a un documento que no es público. Este hecho debe también ser investigado y sancionado.

Por último, ante lo señalado también con respecto a algunos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y supuestos acuerdos obtenidos con ellos, rechazamos enérgicamente este tipo de conductas que, de confirmarse, son inmorales e incluso pudieran ser jurídicamente reprochables, puesto que ponen en entredicho la división de poderes y la independencia judicial, lo que desde luego atentaría contra la buena reputación que debe mantener durante su encargo el titular de la Fiscalía General de la República, órgano constitucional autónomo en términos de lo dispuesto por el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."