| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires informó hoy en su sitio web que dispuso que a partir del 18 de abril de 2022, todos los organismos jurisdiccionales de la Administración de Justicia, así como los órganos de gobierno de la propia Corte y los Registros Públicos, deberán librar indefectiblemente los oficios en formato digital a la Dirección Nacional de Migraciones, a través del Sistema de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas (PyNE).
Tales oficios serán dirigidos al domicilio electrónico [email protected] de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), creado en el marco del Registro de Domicilios Electrónicos y vigente desde el 20 de diciembre de 2020. Las respuestas, a dichos oficios judiciales, también serán incorporadas y remitidas por la citada Dirección Nacional en el sistema de PyNE.
Dicha modalidad tecnológica también se implementará en las actuaciones administrativas que la Justicia de Paz, Juzgados Civiles y Comerciales en sedes descentralizadas y los Registros Públicos realicen como autoridades judiciales competentes y habilitadas en el otorgamiento de autorizaciones expresas para el egreso de menores del país.
La segunda edición de este informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes incluye datos estadísticos de los 24 poderes judiciales provinciales y de CABA.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
En nota dirigida a las autoridades del banco señalaron que "Esta demora desvirtúa el sistema legal de "pago en juicio" que contempla el art 277 de la Ley 20744, que fue concebido en tutela del crédito de la clase trabajadora."
El Decreto 971/2024 establece que las solicitudes ante la Administración Pública tendrán aprobación automática si no reciben respuesta en el plazo estipulado, excepto en áreas sensibles como salud, medio ambiente y servicios públicos. La medida comenzó el 1º de noviembre y apunta a acelerar gestiones en sectores no críticos.
El foro que reúne a todos los Consejos de la Magistratura de la República Argentina desarrolló actividades institucionales en las sedes de la SCBA y del Colegio de la Abo0gacía de La Plata.
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
Mientras la conflictividad social se intensifica en Buenos Aires, la justicia enfrenta una acumulación récord de causas penales y civiles. A la falta de recursos y vacantes en el sistema judicial, se suma el retiro del Estado en áreas claves, lo que multiplica los desafíos en la provincia más poblada y diversa del país.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
La segunda edición de este informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes incluye datos estadísticos de los 24 poderes judiciales provinciales y de CABA.