
Durante la feria judicial de julio de 2025, la OVD atendió a 627 personas
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
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El paro del Colegio de Abogados Penales (CBA) por mejoras salariales está retrasando numerosos casos en los tribunales y juzgados de las regiones en el Reino Unido.
Noticias05/07/2022El Colegio de Abogados Penales (CBA) de Inglaterra y Gales anunció este lunes 4 de julio la continuación por tres días más de la huelga que iniciaron la semana pasada por mejoras salariales y laborales.
El gremio de juristas se manifestará ante los Tribunales Reales de Justicia de Londres, el Tribunal de la Corona de Liverpool, el Tribunal de la Corona de Nottingham y el Tribunal de la Corona de Birmingham en respuesta al llamado del CBA a prolongar las manifestaciones.
Según el CBA, sus abogados han perdido el 28% de sus ingresos reales desde 2006.
La semana pasada, el Ministerio de Justicia dijo que los abogados penalistas tendrán un aumento salarial del 15% a partir de octubre. Sin embargo, los miembros del CBA rechazaron el aumento y dijeron que están planeando nuevas huelgas en las próximas dos semanas.
Muchos casos judiciales se están aplazando en Inglaterra y Gales debido a la huelga.
“Nuestros esfuerzos enérgicos para hacer frente a la acumulación de casos en los tribunales están funcionando, pero la huelga de los abogados penales amenaza todo este progreso a pesar de la muy generosa oferta salarial sobre la mesa”, dijo el ministro de Justicia británico, James Cartlidge.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Una denuncia por abuso sexual entre adolescentes, marcada por el stealthing y el hostigamiento escolar, derivó en un inédito proceso de justicia restaurativa en La Plata. Sin juicio ni condena penal, el enfoque apuntó a la asunción de responsabilidad, la reparación del daño y la prevención de nuevas violencias.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
El tribunal interamericano afirmó que el cuidado constituye un derecho humano autónomo, con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Los Estados deben garantizarlo de manera progresiva y con enfoque de igualdad.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.