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La AIAMP aprobó un documento para la defensa de los intercambios de información directa. Aseguran que este tipo de intercambios no afecta derechos ni garantías.
Noticias05/08/2022 Redacción
En el marco de la celebración de la XXIX Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) celebrada el 28 y el 29 de julio pasados en Cartagena, Colombia, la Red de Cooperación Penal (RedCoop) de la AIAMP aprobó el documento Cooperación Interinstitucional entre Fiscalías: Argumentos para defender la validez, a través del cual se robustecen los argumentos para continuar desarrollando la cooperación directa en el marco del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre Ministerios Públicos y Fiscalías Generales de la AIAMP.
El documento es una herramienta fundamental para complementar la Guía de Uso del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional de la AIAMP, ya que a menos de cuatro años de la celebración del Acuerdo, la cooperación directa entre ministerios públicos se ha tornado en una alternativa efectiva para las fiscalías, que pueden intercambiar información de manera eficaz, rápida y útil para las investigaciones penales en trámite.
A lo largo de las 21 páginas del documento, se define a la cooperación interinstitucional, sus posibilidades y usos, y principalmente sus fundamentos, destacando que la asistencia jurídica no es un mecanismo excluyente de otras vías de cooperación para obtener información de otros países.
También se analiza por qué este tipo de intercambios no afecta derechos ni garantías, como tampoco afecta el interés público, para luego comentar la reciente jurisprudencia en Argentina y Chile, donde los jueces intervinientes consideraron válida la prueba producida en el marco del Acuerdo de la AIAMP.
La segunda edición de este informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes incluye datos estadísticos de los 24 poderes judiciales provinciales y de CABA.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
En nota dirigida a las autoridades del banco señalaron que "Esta demora desvirtúa el sistema legal de "pago en juicio" que contempla el art 277 de la Ley 20744, que fue concebido en tutela del crédito de la clase trabajadora."
El Decreto 971/2024 establece que las solicitudes ante la Administración Pública tendrán aprobación automática si no reciben respuesta en el plazo estipulado, excepto en áreas sensibles como salud, medio ambiente y servicios públicos. La medida comenzó el 1º de noviembre y apunta a acelerar gestiones en sectores no críticos.
El foro que reúne a todos los Consejos de la Magistratura de la República Argentina desarrolló actividades institucionales en las sedes de la SCBA y del Colegio de la Abo0gacía de La Plata.
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Mientras la conflictividad social se intensifica en Buenos Aires, la justicia enfrenta una acumulación récord de causas penales y civiles. A la falta de recursos y vacantes en el sistema judicial, se suma el retiro del Estado en áreas claves, lo que multiplica los desafíos en la provincia más poblada y diversa del país.
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